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La Contraloría General detectó que funcionarios del Ministerio del Interior favorecieron a un postor al cual adjudicaron la compra de 2,404 cascos, por un valor de S/ 3,997,000, pese a no cumplir con las especificaciones del contrato. Los equipos se encontraban destinados a la seguridad de la Policía a nivel nacional.
El informe N° 019-2022-2-0282-SCE publicado por la Contraloría General determinó la presunta responsabilidad penal y administrativa de tres funcionarios y dos integrantes del Comité de Selección y de la Oficina de Abastecimientos que participaron de la adjudicación de los nuevos cascos de seguridad para la Policía Nacional.
La buena pro corresponde al proyecto de inversión pública “Mejoramiento del servicio de patrullaje en el área urbana de 17 departamentos”, durante el periodo del 14 de octubre de 2019 al 31 de julio de 2020.
La Contraloría determinó que la oferta del postor incumplía con requisitos de presentación obligatoria en el documento que acreditaba la representación de la firma como su representante, para lo cual el postor subsanó dicho documento con un certificado de vigencia de poder, contraviniendo el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Asimismo, se detectó que los integrantes del Comité de selección aprobaron por mayoría de votos la oferta de los casco de seguridad, aun cuando el producto no cumplía con las especificaciones técnicas establecidas en las bases, específicamente a la característica de “correa de nuca desmontable”.
A ello se suma que antes de que se otorgara la adjudicación, el Comité de selección recibió una comunicación por parte de la empresa de los cascos ofertados, que advertía que dicho postor no era uno de sus distribuidores autorizados, alertando la imposibilidad de la entrega de los bienes. Sin embargo, esto no fue diligenciado para su corroboración.
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Finalmente, en enero del 2020, a ocho días de los 76 del periodo de vencimiento para la entrega de los cascos, el postor de la buena pro solicitó la resolución alegando causal de fuerza mayor, concluyendo la adjudicación por incumplimiento injustificado. Ante esta situación, se otorgó la buena pro al postor que ocupó el segundo lugar.
Ante esta situación, la Contraloría General recomendó al titular del Ministerio del Interior adoptar acciones pertinentes para el deslinde de responsabilidades que correspondan. En tanto, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción inició las acciones penales contra los presuntos responsables.