El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), operador del canal del Estado, enfrenta un cuestionamiento severo de la Contraloría General de la República por el pago de un alquiler millonario de un local que todavía no puede ser utilizado.
Desde el 11 de agosto, comenzó a regir el contrato de arrendamiento suscrito en abril con la empresa Miski Sociedad Anónima Cerrada, por un monto superior a S/16 millones. Sin embargo, las instalaciones siguen sin estar listas debido a retrasos en las obras de acondicionamiento, lo que genera un gasto diario de más de S/11 mil para el Estado, alertó el programa Cuarto Poder.
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“Por eso es la importancia del informe, en el cual le pedimos al IRTP que tome acciones necesarias justamente para evitar cualquier perjuicio al Estado, considerando que a la fecha ya está habilitada la empresa inmobiliaria en cobrarles, porque no hay ningún documento por parte del IRTP con la empresa inmobiliaria, que evite comenzar a hacer este pago”, manifestó Luis Castillo, vocero de la Contraloría, en entrevista con el dominical.
De acuerdo con el informe de control, durante una inspección realizada el 19 de agosto se constató que el inmueble aún no cuenta con divisiones internas, servicios higiénicos habilitados, camerinos ni oficinas administrativas. Además, las etapas de obra previstas en el contrato (a los 15, 30 y 50 días) no fueron cumplidas y los residuos de demolición permanecían en el lugar.
El contrato del nuevo local del canal del Estado entró en vigencia pese a que el inmueble no está operativo. Foto: Andina.
El traslado del canal estatal responde, según el IRTP, a la necesidad de abandonar sus instalaciones en Santa Beatriz, las cuales no cumplían con estándares mínimos de seguridad y presentaban hacinamiento. No obstante, exautoridades como Hugo Coya han cuestionado la decisión, recordando que en gestiones anteriores ya se habían realizado ampliaciones y mejoras internas, y criticaron que se opte por un alquiler millonario en vez de invertir en infraestructura propia.
El contrato fue firmado durante la gestión de Ninoska Chandía, exjefa del IRTP y figura cercana al entorno de la presidenta Dina Boluarte, quien ya había sido cuestionada por su falta de experiencia en medios. Su sucesora, Adriana Rodríguez Jadrosich, atribuyó los retrasos a la empresa contratista y sostuvo que aún se encuentra en periodo de gracia. Sin embargo, la Contraloría precisó que el contrato ya está en plena vigencia y que los pagos son legalmente exigibles, configurando un perjuicio económico para el erario público.
Ministro de Cultura responde a cuestionamientos
El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, asistió este lunes a la Comisión de Cultura del Congreso para responder sobre las presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento del nuevo local del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).
Ante las consultas, Valencia subrayó que el tema se encuentra en investigación. “Ese tema ya está en manos de Contraloría, nosotros mismos hemos mandado un oficio pidiendo que intervenga. Ese contrato ha sido firmado con la anterior directora ejecutiva. Que se investigue, se evalúe y, si hay un responsable, que le caiga todas las consecuencias de la ley”, declaró a Canal N.
“Lo que hemos hecho es oficiar a la Contraloría indicando que tomen acciones al respecto. Ellos son los competentes en evaluar el caso”, añadió.
Sobre el costo diario señalado por el órgano de control, enfatizó que se trata de un cálculo preliminar. “Lo he visto por noticias, pero entiendo que es una posibilidad, no una certeza. De darse una contingencia económica, tendrá que sancionarse a quien corresponda”, explicó.
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En cuanto a los cambios en la dirección ejecutiva del canal estatal, Valencia negó que la exjefa Ninoska Chandía haya sido removida por este caso. “No, hubo la intención de hacer un cambio, porque siempre los funcionarios tienen que ser refrescados”, dijo.
También descartó que el nombramiento de la nueva directora, Adriana Rodríguez, esté vinculado a injerencias externas. “La persona que está en este momento cumple con los requisitos para clasificar. (...) No, para nada. Él (Juan José Santiváñez) no es ministro de Cultura”, respondió al ser consultado sobre si el exministro tuvo influencia en esa designación.
