El contralor de la República, Nelson Shack, manifestó su inquietud respecto a las medidas de prevención y la atención a posibles afectados por el Fenómeno El Niño, por parte del Poder Ejecutivo.
Durante su participación en la Comisión Especial de seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres COVID-19 del Congreso de la República, el Contralor señaló que el Estado no solo debe preocuparse por adoptar medidas de prevención, sino enfocarse también en la eventual atención de damnificados por las intensas lluvias y otros efectos que tenga el fenómeno climatológico en suelo peruano.
En esa línea, Shack recordó que el Estado asignó un total de S/ 4,116 millones para afrontar los efectos del FEN, de los cuales el 9.8% fueron destinados a gobiernos regionales, 8.3% a gobiernos locales, y el 81.9% al Gobierno Nacional. No obstante, al 12 de octubre, se ha ejecutado solamente el 19.2% del presupuesto asignado.
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“Al 12 de octubre se ha ejecutado el 19.2% y la estrategia que ha definido el gobierno es que se va a pagar cuando se hagan las obras y no se van a dar adelantos, lo cual es bastante sano para reducir la posibilidad de hacer pagos por obras que no se ejecuten. Sin embargo, lo que llama la atención es el nivel de contractualización o compromiso, ya que estamos a mediados de octubre y solo se ha comprometido la mitad de la plata (52.9%)”, puntualizó.
Debido a ello, el Contralor consideró difícil que se pueda ejecutar la totalidad de los S/ 4,116 millones presupuestados por el gobierno, ya que hay sectores como Agricultura y Riego que recibieron la mayor cantidad de presupuesto (S/ 1,195 millones) pero solo tienen un nivel de ejecución de 9.5% y los recursos comprometidos llegan al 34%.
“En el caso del fenómeno de El Niño debemos preocuparnos ya no tanto por la prevención porque no queda mucho tiempo para ello, sino que tenemos que preocuparnos en cómo vamos a reaccionar y qué va a hacer el Estado con los miles de damnificados que se pueden presentar”, dijo durante su presentación.
Asimismo, recordó que FEN también se caracteriza por producir daños a cultivos agrícolas e infraestructura de servicios públicos básicos como carreteras, establecimientos de salud y educativos, entre otros.
Por ese motivo, resaltó que la mayor preocupación que tiene la Contraloría General son los muchos problemas operacionales que tiene el Estado y que se resolverán solo con una reingeniería de todos esos procesos para poder inaplicar algunas normas y así permitir que los funcionarios públicos tengan la confianza y certeza de que luego no serán procesados por haber infringido alguna norma cuando la necesidad de atender una emergencia así lo exigía.
“Entiendo que el Poder Ejecutivo está trabajando en ello, ya que el Congreso le otorgó facultades legislativas, para inaplicar ciertas normas y crear algún mecanismo por el cual el Estado pueda operar de manera distinta en situaciones de emergencia, lo cual no significa que se deben flexibilizar los principios de transparencia o de lucha contra la corrupción. Ojalá que el gobierno tome en cuenta esa recomendación”, aseveró.
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Servicios de control
La Contraloría General llevó a cabo 2,890 servicios de control simultáneo como parte del plan de control para la gestión de riesgos de desastres, en preparación para la llegada del fenómeno El Niño, y se identificaron más de 7,500 situaciones adversas o alertas de riesgos para los gestores públicos.
“Los resultados de estas 7,571 situaciones adversas revelan, además de la falta de ejecución presupuestaria, una serie de problemas que hemos detectado en entidades como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC)”, mencionó.
Detalló que en el caso de la Autoridad Nacional del Agua se evidenció demoras en la presentación, evaluación y aprobación de las fichas técnicas de los contratistas para ejecutar actividades de prevención ante El Niño, así como inconsistencias técnicas en las fichas definitivas, la aprobación de fichas con deficiencias o incumplimiento de características técnicas en la maquinaria usada por los contratistas.
En el caso de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, se evidenciaron demoras en el inicio de procedimientos de selección, fichas técnicas presentadas fuera de plazo, inconsistencias en fichas técnicas y en términos de referencia para servicios contratados, deficiencias en la labor de empresas supervisoras, entre otros hallazgos.
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Sistema de salud precario
Por otro lado, Shack Yalta señaló que existe una notable precariedad en el sistema de salud del país. Aunque se asignaron considerables recursos a establecimientos del segundo y tercer nivel de atención para enfrentar la pandemia de la COVID-19, en el primer nivel de atención se evidencia una “precariedad muy significativa”.
Añadió que esto se reflejó en los 79 servicios de control realizados por la Contraloría durante el estado de emergencia debido a enfermedades metaxénicas como dengue, chikungunya, fiebre amarilla y malaria. De ese total, 77 servicios son de control simultáneo y dos son de control posterior.
En este contexto, la Contraloría advirtió deficiencias en los servicios de los establecimientos de salud en diversas regiones del país, así como en el monitoreo y supervisión del Ministerio de Salud a las Direcciones Regionales de Salud. También se identificaron problemas en la capacidad de atención y respuesta de los laboratorios para la detección de casos de dengue, la escasez de medicamentos y la precaria infraestructura, entre otros.
El Contralor adelantó que a finales de octubre se retomarán las acciones de control para verificar si se tomaron medidas para abordar estas observaciones. En caso de falta de acciones, se llevarán a cabo los servicios correspondientes para el esclarecimiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales.
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Operativo de salud en primer nivel de atención en Piura
Asimismo, el titular de la Contraloría detalló los primeros resultados del operativo de control realizado en establecimientos de salud del primer nivel a nivel nacional, comenzando por la región de Piura, una de las más afectadas por las lluvias ocasionadas por el ciclón Yaku.
“Contamos con 8,891 establecimientos de salud del primer nivel, y eso es lo que presenta una gran precariedad. En el caso de Piura, tenemos 461 establecimientos del primer nivel y hemos visitado 101 con el operativo. Los resultados ya fueron comunicados al Ministro de Salud, y lo mismo ocurrirá con cada región del país”, agregó.
Entre los principales hallazgos, se destacó que el 56% de los establecimientos de salud supervisados en Piura no cuenta con resolución de categorización vigente, un aspecto crucial que determina el nivel prestacional que debe tener cada establecimiento. También se evidenció que el 13% de las 31 ambulancias asignadas a 22 establecimientos de salud visitados están inoperativas.
Además, se alertó que el 43% de los establecimientos del nivel I-4 no dispone de coche de paro cardiorrespiratorio en el área de urgencias y emergencias, afectando la atención de pacientes en estado crítico. Un porcentaje similar de estos establecimientos tampoco cuenta con el servicio de radiología.
“Hay mucho por hacer en el sistema de salud, y algo que debería hacerse a partir de este tipo de diagnósticos, como hicimos con Piura y con los próximos departamentos del Perú durante noviembre, es organizar una mesa de trabajo con el sector Salud y de Economía y Finanzas para mejorar la gestión de los establecimientos. Debemos crear un plan de trabajo para encaminar una reforma del sistema de salud que evite que estas situaciones se sigan presentando y no afecten a los más pobres y vulnerables”, concluyó.
