El contralor general, Nelson Shack, resaltó que una tarea pendiente que tiene el Perú es evitar que queden impunes los casos de corrupción que alerta la Contraloría en sus informes de control.
“Se ha triplicado la producción de nuestros informes de control, pasando de 15 mil informes en el 2017 a más de 45 mil. Sin embargo, subsiste la tarea pendiente de impedir que los casos identificados por la Contraloría queden impunes, ya que algo tan o más perverso que la corrupción es la impunidad y no hay posibilidad de tener una lucha efectiva contra la corrupción si no hay una sanción ejemplar”, dijo el contralor general.
Además, precisó que los más de 45 mil informes de control que se emitirán en todo el 2023 han identificado miles de casos de corrupción e inconducta funcional, incluso con sus presuntos responsables, quienes deberían dejar la administración pública.
“Es cuestión de que las entidades responsables en el sistema sancionador administrativo, pero sobre todo en el sistema de justicia, sean capaces de responder a las expectativas ciudadanas y se apliquen las sanciones administrativas, civiles y penales que corresponden”, afirmó Nelson Shack.
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La corrupción no debe normalizarse
Nelson Shack manifestó que uno de los más graves daños que genera la corrupción es cuando normaliza sus prácticas en la sociedad, haciendo que la gente se resigne a asumir sus consecuencias como si fueran inevitables.
Por ello, subrayó que la corrupción debe ser vista como una de las principales amenazas que enfrenta la sociedad peruana, con profundos efectos económicos, políticos, sociales y ambientales.
Por otro lado, manifestó que, durante los últimos cuatro años, se han dado sustantivos cambios en el ejercicio del control en el Perú producto de una necesaria reforma del control gubernamental que empezó en 2018.
“Esta reforma fue sustancial para extender el control y especializarlo, lo cual era necesario e impostergable. Ahora es un activo principal de nuestra organización”, refirió.
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Inversión pública
En otro momento, el titular de la Contraloría manifestó que otro problema de urgente solución que surge de las observaciones hechas por la Contraloría es el bajo nivel de culminación de los proyectos, ya que del total de inversiones públicas registradas, solo el 15% están en condición de cerradas.
“A pesar de esto, cada año se van acumulando nuevos proyectos que llegan con cada cambio de administración, sin que se terminen los ya iniciados. Esto nos lleva a una conclusión muy sencilla: si mañana todas las entidades públicas dejaran de crear nuevos proyectos y nos dedicáramos a terminar los que están en ejecución y destrabar los paralizados, nos demoraríamos como cinco años para terminarlas . No se trata solo de hacer promesas sino de hacer que las inversiones se conviertan en obras concluidas que cambien vidas”, comentó.
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