Consulta previa: Gobierno definirá en 2020 si se aplicará o no a los lotes petroleros de la ‘zona gris’

Estos 15 contratos, entre ellos los lotes de Camisea, se firmaron en un periodo posterior a la adhesión del Estado peruano al Convenio 169 de la OIT (1995), que reconoce el derecho a consulta previa a las comunidades indígenas, y antes de que Perú promulgue su propia ley de Consulta Previa (2011). El Perú realizó procesos de consulta previa luego del 2011.

El Ministerio de Energía y Minas, junto al Ministerio de Cultura, vienen teniendo reuniones técnicas para definir qué procedimiento tomar en el caso de este grupo de lotes, indicó la viceministra de Interculturalidad, Ángela Acevedo.

Una posibilidad es realizar la consulta previa, pero otra opción es aplicar informes de equivalencia de los procesos de participación ciudadana realizados con las comunidades de esos lotes y así homologarlos como una consulta previa.

“A nivel del Ejecutivo lo estamos discutiendo. La Ley de Consulta Previa se aprobó en el 2011 y el reglamento en el 2012; la obligación de consultar del Estado peruano es vigente a partir de 1995; pero la consulta previa, por su mismo nombre, es previa, y si ya está realizándose algún tipo de actividad, allí estamos en la discusión de cómo sería en esos casos concretos”, señaló Acevedo a Gestión.pe.

La viceministra refirió que los cambios en las cabezas de ambos ministerios en los últimos meses han podido retrasar la toma de decisión sobre este tema, pero espera que ello se concrete en el 2020.

Mientras el Estado aún no tome posición sobre estos casos, cabe el riesgo de que alguna comunidad interponga una demanda judicial y se puedan frenar las actividades estractivas en estos lotes, reconoció la viceministra.

“Siempre hay la posibilidad de que una comunidad sienta que se ha afectado o vulnerado sus derechos y pueda interponer una demanda judicial. Por eso es importante discutir el tema como Ejecutivo y tener una posición”, refirió Acevedo.

Más de US$ 8,500 millones en inversiones en juego

Según información de Perupetro, son 5 contratos que se encuentran en fase de exploración y que acumulan inversiones por US$ 321 millones, y otros 10 contratos con inversiones realizadas de US$ 8,220 millones en fase de explotación. En total US$ 8,541 millones de inversión en hidrocarburos que están en juego.

Al respecto, Pablo de la Flor, Director Ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), señala que lo que le corresponde al Estado peruano es homologar el mecanismo de participación ciudadana que realizaron las empresas "a fin de determinar hasta qué punto corresponde a lo que se reconoce como consulta previa".

De la Flor señala que estos 15 contratos que se encuentran en la ‘zona gris’ sí realizaron procesos de participación ciudadana de manera activa, "motivo por el cual es necesario que se emita el informe de equivalencias para que se pueda homologar".

“El riesgo de no proceder con estos informes de equivalencia es que terminemos afectando inversiones que ya están en curso y derechos de empresas que han venido actuando de conformidad con lo que la normativa peruana establecía. Sería un sinsentido absoluto y un desincentivo terrible a la inversión en el país”, señaló De la Flor a Gestión.pe