El Pleno del Congreso de la República no alcanzó el número de votos requerido para la aprobación del informe final de la denuncia constitucional 351, que concluye acusar por infracción constitucional a la exministra Betssy Chávez Chino por su activa participación en la ejecución de acciones previas y posteriores, así como durante el golpe de Estado, llevado a cabo el 7 de diciembre de 2022.
El referido informe final también proponía, según lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política, imponer a la expresidenta del Consejo de Ministros del gobierno del hoy encarcelado Pedro Castillo, la sanción de inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública por la infracción de los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Estado.
Fueron 63 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones. Se necesitaba el voto a favor de dos tercios de los congresistas presentes para lograr la inhabilitación.
Según informó el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se expedirá la resolución legislativa correspondiente y se remitirá el expediente al archivo.
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Cabe mencionar que la Denuncia Constitucional 351 fue interpuesta por la congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas (Renovación Popular).
Tras no alcanzar los votos necesario, el Congreso archivará la denuncia que buscaba inhabilitar a Betssy Chávez. Foto: Congreso.
Debate
Durante el debate, el congresista Jorge Montoya, delegado de la denuncia constitucional y portavoz de la subcomisión acusadora, afirmó que la decisión del Pleno debía marcar un punto de quiebre. “Hoy vamos a cerrar la defensa de la democracia con la acusación constitucional a una de las personas que crearon el golpe de Estado. La responsabilidad está en el Congreso”, sostuvo.
Montoya tuvo el respaldo de la congresista Patricia Chirinos, quien presentó la denuncia original. En su intervención, aseguró que existían pruebas suficientes para sustentar la inhabilitación. “El Perú no olvida, no perdona a quienes intentaron romper el orden constitucional, traicionar a la nación y destruir nuestro país (…) Ese golpe no fue un impulso desesperado, fue un plan con cómplice y con operadores”, señaló. Añadió que su denuncia buscaba demostrar con “pruebas irrefutables” que Betssy Chávez “fue pieza clave en la preparación y ejecución del golpe”, y remarcó que “defender la democracia es un deber (…) no hay medias tintas, no se maquilla, se sanciona con toda la fuerza de la ley”.
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Sin embargo, otras bancadas cuestionaron el sustento de la acusación. El legislador Jaime Quito afirmó que existía una intención política detrás del proceso. “Hay una clara persecución a los que consideran enemigos (…) Desde un primer momento quisieron liquidarlo (a Castillo), eliminarlo, vacancia tras vacancia, censura tras censura”, expresó. Aseguró además que “no hay rebelión, conspiración, no hay nada, pero quieren sentenciar y ahora quieren inhabilitar”, y advirtió que “hay un pueblo que no les va a dejar hacer lo que pretenden”.
La congresista Isabel Cortez, por su parte, cuestionó que el pleno dedicara tiempo a procesar casos que, a su juicio, corresponden a otras instancias. “No sé por qué perdemos el tiempo con estos casos de la señora Betssy Chávez. Para eso está la Fiscalía y el Poder Judicial”, manifestó. Lamentó que mientras tanto “hay montones de proyectos de ley que los sindicatos y los trabajadores están esperando”.
En tanto, el abogado de la ex jefa de Gabinete, Raúl Noblecilla, sostuvo que el expresidente Pedro Castillo y Chávez Chino son “perseguidos políticos” y la razón es que les temen electoralmente. Asimismo, emitió gruesos epítetos contra los medios de comunicación.
