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El Congreso de la República inició la evaluación de un proyecto de ley (N° 7887/2023-CR), el cual busca permitir que los asistentes a un espectáculo cultural con un aforo igual o superior a cien personas, puedan ingresar con bebidas o alimentos similares a los que se venderán en el local del evento.
Estos productos podrían ser snacks, confitería, agua, bebidas gasificadas, refrescos, entre otros, con excepción de las bebidas alcohólicas, que seguirán vendiéndose exclusivamente al interior del local del evento, indica la iniciativa legislativa.
El proyecto de ley fue sustentado hace unos días por su autora, Digna Calle (Podemos Perú), en la comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. La parlamentaria indicó que se busca evitar prácticas abusivas que limitan el derecho de los consumidores a escoger dónde comprar estos productos, por lo que se ven afectados por los altos precios que se fijan al interior de los locales de los eventos.
Asimismo, indicó que se busca aplicar el mismo criterio establecido por el Indecopi para el caso de los cines en el 2018, cuando declaró fundada una demanda de Aspec, y señaló que la prohibición de ingresar con alimentos y bebidas propias constituye una cláusula abusiva.
“La falta de regulación en esta materia ha generado que los proveedores dispongan de manera arbitraria esta prohibición de ingreso de alimentos y bebidas. Los costos son exorbitantes, y además hay consumidores alérgicos a alimentos procesados que se ven perjudicados por las restricciones de los organizadores de eventos”, refirió Digna Calle al sustentar el proyecto en la citada comisión.
“Se llega al extremo de violar el derecho a la intimidad de las personas, rebuscando las bolsas y carteras; y se les condiciona a que se desagan del producto hallado; prácticas que ya no debemos seguir permitiendo. Se busca reconocer el derecho de los consumidores a elegir, para su consumo personal, productos adquiridos fuera del establecimiento”, remarcó la congresista.
Tras la sustentación de Digna Calle, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Manuel García Correa (APP), informó que se ha solicitado opiniones sobre el proyecto al Indecopi, Ministerio de Cultura (Mincul), Mincetur, PCM, Aspec y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). “Estamos a la espera de la opinión de Mincul a fin de proyectar el predictamen”, señaló García Correa. Tras ello, la iniciativa legislativa sería votada en la Comisión de Defensa del Consumidor.
Se afectarían negocios del sector
Al respecto, analistas cuestionaron la propuesta pues advierten que se afectaría el modelo de negocio y los ingresos previstos en la realización de estos eventos.
Jesús Espinoza, socio senior en el estudio Muñiz y especialista en temas de derechos del consumidor, sostuvo que se afecta el modelo de negocio de estos eventos, pues una parte importante de los ingresos provienen de las ventas de alimentos y bebidas.
“La propuesta atenta contra la libertad de empresa, pues estas deben tener el derecho a organizar su negocio de la manera que lo crean conveniente. El hecho de que los cines no hayan quebrado, no significa que no se haya afectado el modelo de negocio, y los cines sí han sufrido una disminución de sus ingresos”, subrayó Espinoza, quien también fue director de Indecopi.
Además, no consideró que el actual esquema califique como una práctica abusiva. “Para determinar si una medida es abusiva habría que ver si los consumidores son obligados a ir a los conciertos o a comprar los productos que se venden allí. Y no es así”, subrayó.
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Por su parte Diego Arpasi, especialista en temas de derechos de consumidor, sostuvo que a diferencia del esquema de negocio de los cines, donde la venta de alimentos y bebidas es realizada por esta misma compañía, en el resto de eventos culturales la venta en muchos casos es realizada por una empresa tercera, por lo que la propuesta legislativa afectaría la relación comercial con estos proveedores y los ingresos previstos por este rubro.
En ello coincidió Christian Flores, asociado senior del estudio Dentons Perú y especialista en temas de protección al consumidor y competencia. Más aún si se tiene en cuenta que en el caso de los eventos culturales, muchos operan con empresas patrocinadoras, que requieren tener ventas exclusivas en el evento.
“El caso de los cines fue puntual. El proyecto trata a todos los eventos por igual, cuando muchos funcionan con patrocinadores, puestos de venta con exclusividad, sin la competencia. El proyecto pone en peligro ese modelo de negocio”, advirtió Flores.
Por otro lado, respecto a la excepción que señala el proyecto para el caso de las bebidas alcohólicas, las cuales seguirían siendo de venta exclusiva al interior de los locales de los eventos, Flores refirió que esto buscaría reducir el riesgo de que en eventos donde no se permita el consumo de alcohol, los consumidores lo ingresen aduciendo que se trata de otro tipo de bebidas.
Finalmente, Diego Arpasi, refirió que no se podría regular los precios de venta de las bebidas y alimentos que se expenden al interior de los locales. “No se podría regular los precios, así sean tres a cuatro veces más altos, pues se iría contra el libre mercado”, anotó Arpasi.
Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.
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