El Congreso de la República bicameral comenzó su legislatura y, después de su instalación, según expertos, se deben priorizar en su agenda algunas leyes o reformas de interés que quedaron pendientes: desde la aclamada Ley MAPE para la formalización minera hasta cambios en seguridad y justicia, como la eliminación de las cuestionadas “leyes procrimen”. ¿Qué camino deberán seguir estas iniciativas legislativas?
Por ejemplo, otro tema impulsado por el Congreso saliente fue la reelección de alcaldes y gobernadores. Si bien no prosperó por no lograr el consenso requerido, la ley permite que el Legislativo bicameral aborde un nuevo proyecto de ley del mismo calibre.
Francesco Tucci, docente de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UPC, explica que no todos los proyectos quedan “muertos” de la misma manera. Si una iniciativa no fue aprobada en el Pleno, puede permanecer en comisión, pasar al archivo según el estado del expediente o ser retomada después mediante una nueva priorización política o una nueva legislatura.
Con el retorno a la bicameralidad, la aprobación de una ley será más exigente porque el texto tendrá que pasar por dos cámaras: primero en Diputados y luego en el Senado, lo que añade una “segunda capa de debate, corrección y control político”.
Con la bicameralidad, el Parlamento incorporará dos cámaras con roles distintos en la elaboración de leyes y el control político. Foto: Congreso.
“El procedimiento puede volver más pausado el trámite, pero también más filtrado y el costo obvio es el tiempo: habrá más etapas, más negociación y mayor probabilidad de que un proyecto se modifique o se frene”, indica a Gestión.
Las condiciones para que iniciativas o reformas se prioricen nuevamente en el Congreso son:
- Alto impacto económico o institucional.
- Presión de plazos, como las reformas ligadas a elecciones, presupuestos o compromisos internacionales.
- Consenso mínimo entre bancadas o de una coalición para votarlas.
- Viabilidad técnica: Si un proyecto tiene observaciones constitucionales, problemas de redacción o riesgo de judicialización, suele ser corregido antes de volver al Pleno.
Las reformas a tomar con urgencia
Marisol Vargas, politóloga de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), señala que más que retomar, se debe plantear la reforma del sistema nacional de seguridad ciudadana, la gestión de riesgos y desastres ante amenazas como El Niño o sismos, las leyes procrimen, el sistema de transporte público y “las leyes y normas laxas que no permiten luchar contra la corrupción”.
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Frentes como Human Rights Watch han advertido sobre leyes que “debilitan los esfuerzos para desmantelar organizaciones criminales y sus vínculos con funcionarios corruptos”, así como otras que modifican la definición de crimen organizado, que crea obstáculos para los allanamientos: las leyes 31751 y 31990, respectivamente, sumada a la 32108, que, pese al rechazo social, no fue dejada sin efecto por el Congreso.
Sin embargo, desde el Legislativo aseguraron que estas leyes buscan reforzar la labor policial y judicial frente a la ola de criminalidad.
Pese a la presión social y rechazo de gremios empresariales, el Congreso no ha dejado sin efecto un puñado de leyes que, a criterio de expertos, debilitarían la lucha contra la corrupción y criminalidad. Entre estas: la ley 32108, que modifica la definición de organización criminal y los allanamientos. Foto: difusión
Por otro lado, en materia de educación, hay decenas de proyectos de ley que buscan la creación de universidades nacionales en regiones —un tema recurrente en la agenda del Pleno— junto a la nueva ley general de educación, que propone la “alfabetización en IA” en escolares.
Aquí, Vargas advierte que se correría el riesgo de que la nueva estructura bicameral del Congreso genere un “cuello de botella” no solo por cuestiones de eficacia y eficiencia técnica, sino por desavenencias y conflictos de intereses partidarios.
“Este retorno a la bicameralidad, tan alejado de la voluntad popular por las burocracias poco calificadas, sobrecostos y tiempos extra que puede generar, debería garantizar esa calidad técnica que ya perdimos”, precisa.
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Tanto Vargas como Tucci coinciden en que las reformas deben plantearse bajo criterios reales de urgencia, costos, beneficios y eficacia, por lo que los procesos de aprobación no deberían entramparse.
No obstante, el factor de los intereses partidarios —“porque son ellos quienes determinan el contenido de la agenda legislativa”— puede extender el tiempo de abordaje de reformas que no comulguen con sus intereses colectivos.
Según Tucci, las iniciativas legislativas con mayor probabilidad de reactivarse —a diferencia de las muy polarizantes o con complejo costo político o constitucional— suelen ser las que inciden directamente sobre la economía, inversión o funcionamiento institucional: entre ellas, las reformas de simplificación regulatoria, incentivos a la inversión privada y eliminación de trabas administrativas.
“También tienden a priorizarse las que acumularon trabajo previo en comisión y solo necesitan destrabe previo”, concluye.
