La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó este miércoles un dictamen que plantea imponer penas más severas a quienes introduzcan o usen equipos de comunicación, armas o materiales prohibidos en penales y centros juveniles.
Además, se otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP), al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Ministerio Público mayores facultades para intervenir, revisar y neutralizar redes ilícitas desde los establecimientos penitenciarios.
La iniciativa modifica el Código Penal, el Nuevo Código Procesal Penal, el Código de Ejecución Penal y el Decreto Legislativo 1688, con el fin de fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada en establecimientos penitenciarios y centros juveniles.
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Las modificaciones al Código Penal contemplan sanciones de hasta 15 años de cárcel para los funcionarios o servidores que faciliten el ingreso de equipos o materiales ilícitos.
Asimismo, el Nuevo Código Procesal Penal permitirá que, en casos de flagrancia dentro de penales, los efectivos policiales puedan revisar información de dispositivos tecnológicos con autorización fiscal.
Por otro lado, el Código de Ejecución Penal incorporará artículos que prohíben el uso de telecomunicaciones no autorizadas y regulan la visualización de equipos incautados durante operativos.
A su vez, el Decreto Legislativo 1688 obligará a las empresas operadoras de telecomunicaciones a colaborar técnicamente con el INPE y la PNP en la detección de señales ilegales.
Menos burocracia en adopciones
De otro lado, el grupo parlamentario también aprobó, con 10 votos a favor y 9 abstenciones, el dictamen que modifica artículos del Código Civil y del Decreto Legislativo 1297, para promover el derecho al adoptado y agilizar los procedimientos de inscripción.
La congresista Jessica Córdova Lobatón (RP), autora de la iniciativa, explicó que el proyecto busca “garantizar el interés superior del niño, precisando plazos para la inscripción de partidas de adopción”.
