La Comisión Permanente del Congreso de la República respaldó, en segunda votación, el dictamen que establece una amnistía para los militares y policías procesados entre los años 1980 y 2000 en la lucha contra el terrorismo.
Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución, alegó que se beneficiará a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y Comités de Autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, sean denunciados, investigados o procesados por delitos vinculados al conflicto armado contra los movimientos subversivos.
Asimismo, se brindará amnistía a los miembros de la PNP y Fuerzas Armadas mayores de 70 años que estén sentenciados por dichos delitos.
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“Responde a la necesidad de justicia y reparar la deuda moral del Estado contra los que derrotaron al terrorismo (...) Servirá para corregir la violación al plazo razonable contra defensores de la patria”, dijo el congresista de Fuerza Popular.
Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, defendió el dictamen que otorga amnistía por delitos cometidos en lucha contra el terrorismo. (Foto: Congreso)
En tanto, Jorge Montoya (Honor y Democracia) consideró inadmisible que se mantengan procesos judiciales “sin pruebas” durante 30 años. El exmarino reconoció que “se cometieron excesos” pero descarta que hayan habido desapariciones orquestadas en manos de policías y militares.
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“Hubieron excesos pero no asesinatos sistemáticos. No existe eso. No existen violaciones de este tipo. Los excesos fueron sentenciados y castigados. Los que queda no tienen como acusarlos”, refirió en la Comisión Permanente.
Por otro lado, Alex Flores (Perú Libre) cuestionó que se dé una amnistía a policías y militares acusados de violar derechos humanos bajo argumento de “errores en el sistema judicial”.
“Que no se haya juzgado en su momento o plazo razonable no puede ser razón para la impunidad (...) Es la vida de peruanos y peruanas, campesinos que nada tenían que ver con la subversión, gente inocente que fue asesinada extrajudicialmente lamentablemente por malos miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, soslayó.
Amnistía para militares y policías: ¿cuántos casos se verán afectados?
Rospigliosi aseguró que hay más de 1,000 militares y policías que serán amparados por el olvido legal impulsado por el Congreso.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos precisó que están en riesgo más de 150 condenas y 600 procesos por graves violaciones a los derechos humanos.
“Esta norma dejaría sin verdad ni justicia a las víctimas y a sus familiares. Más de 156 casos con sentencia firme y 600 procesos judiciales en curso por ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas están en riesgo de ser archivados”, detallaron en X.
Congreso aprueba amnistía: ¿qué consecuencias trae?
“Es inconstitucional”, mencionó a Gestión el abogado penalista Andy Carrión. ¿Las razones? “La amnistía está relegado para casos en los cuales no estén incursos delitos de lesa humanidad. Es un punto desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso han habido casos en los cuales se dio la amnistía pero se dejó sin efecto”, aclaró.
Según la CNDDHH están en riesgo más de 150 condenas y 600 procesos graves por violaciones a derechos humanos con la aprobación del dictamen que da amnistía a militares y policías. Foto: difusión / GEC
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Por ejemplo, en 2001 se declaró la incompatibilidad de la amnistía para los implicados en la masacre de Barrios Altos.
Carrión añade que pese a ser inconstitucional la ley de amnistía a militares y policías, el Poder Ejecutivo la puede promulgar —o el Congreso la pude aprobar por insistencia, en caso de observación—, lo que afectaría a la reputación del Perú por no respetar acuerdos internacionales como el Pacto de San José.
“Es evidente que habrá consecuencias reputacionales graves para el país. Se debería promover la sanción hacia aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad sean militares, policías o no”, refirió.
El letrado señaló que los congresistas que desaprueban el dictamen u organizaciones como Colegios de Abogados pueden presentar denuncias de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional; o también puede llevarse ante la Corte IDH por las ONG o instituciones democráticas.
