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En la agenda del gobierno un tema presente es de la conflictividad social, estos no cesan, mientras las pérdidas económicas se suman. De acuerdo a la Subsecretaría de Prevención y Gestión de la Información (SSPI) de la PCM, encargada de monitorear las controversias da cuenta que en febrero se registraron 111, cinco más que en enero.
Además, identificaron que 53 de ellos se encuentra en escalada y progresiva acumulación de factores de tensión hacia la inminencia, 20 se ubican en en el norte del país, mientras que 23 en el sur, de estos últimos nueve corresponden al Corredor Vial Sur.
¿Cuál es el camino para enfrentar los conflictos y llegar a soluciones permanentes? Para el exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, el Corredor Minero Sur Andino debería de convertirse en una una zona piloto.
“Esta zona debería ser priorizada y pensar en una suerte de sistema de gobernanza dónde se presente el Estado Nacional, el subnacional y los actores más representativos de la zona. Y se empiece a operar con todas las facultades necesarias y a prevenir para no llegar a los estallidos sociales”, señaló a Gestión.
Añadió, que si bien no es una tarea sencilla, pues hay una situación de acumulación de expectativas y demandas, “si no se modifica el chip ahora” no se podrá avanzar en la solución de los conflictos.
La idea es crear un sistema de monitoreo permanente, subrayó.
Reacción tardía
José De Echave manifestó que en los últimos meses lo que se ha visto son respuestas puntuales por parte del gobierno, que no llegan a soluciones duraderas para resolver los conflictos y finalmente estos se reactivan pasando tan solo una semana.
Citó como ejemplo el caso de las Bambas (Cusco- Apurímac) y Antapaccay (Cusco).
“Hay un hilo conductor que viene desde hace tiempo, donde hay un Estado que reacciona tardíamente pero no logra abordar los problemas de fondo”, apuntó.
Añadió que además los problemas en los territorios se han complicado y cuentan con agendas muy fragmentadas, dónde hay demandas de todo tipo, como económicas, sociales. Por ejemplo, van desde el pedido para la creación de puestos de trabajo, de empresas para prestar servicios.
Para De Echave el Estado hace bastante tiempo ha demostrado “incapacidad” para abordar los conflictos, sobre todo de manera preventiva.
“Estamos frente a un gobierno precario, débil e inestable. Los cortos periodos de las autoridades han ayudado poco y si en algún momento se pensó poner en marcha una estrategia distinta para abordar los conflictos sociales está claro que no se ha podido implementar. Y con la calidad de este gobierno va a ser difícil que esto pueda ocurrir”, acotó.