
La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) aseguró que el Gobierno habría detenido las interdicciones contra mineros en proceso de formalización, tras el reclamo de su gremio. “En este momento ya no hay interdicción. Desde el martes ya no hay. Se entiende que el Ejecutivo ha cedido a ese pedido, sino no estaríamos sentados dialogando”, dijo a Cuentas Claras, de Canal N su presidente, Máximo Franco Bequer.
Franco precisó que no se oponen a que se interdicte la minería ilegal, pero rechazan que estas acciones afecten a quienes siguen en proceso de formalización. “Rechazamos la interdicción a los que tenemos Reinfo. Interdicción es que revientan tu maquinaria, dinamitan tu mina”, afirmó. Para él, los 50 mil excluidos del registro aún pueden reincorporarse y deberían tener plazo hasta el 31 de diciembre.
LEA TAMBIÉN: Gutiérrez: No estamos dialogando con mineros ilegales, sino con quienes buscan formalizarse
El abogado de Confemin, Luis Mayta Huaroto, explicó que la interdicción solo debe aplicarse a operaciones ilegales comprobadas y que se encuentren en zonas no permitidas. “No puede haber interdicción sobre alguien cuyo procedimiento administrativo ni siquiera ha sido notificado. La ley establece 15 días para apelar una resolución”, indicó.

El gremio también cuestionó declaraciones recientes del ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, quien respaldó la exclusión de los mineros informales. “Entendemos que el ministro no tiene formación jurídica. Un acto administrativo no surte efecto si no ha sido notificado. Esa decisión no está firme”, sostuvo Mayta.
Para resolver las diferencias legales, se ha acordado crear una subgrupo de trabajo entre el Gobierno y los representantes de los mineros. “Ya hay una mesa y para definir justamente esas dudas de quién tiene razón, se ha creado una subcomisión donde el debate va a ser netamente técnico”, subrayó Franco.
LEA TAMBIÉN: La minería informal e ilegal en el Perú detiene avance de las concesiones mineras
Finalmente, el dirigente hizo un llamado al Gobierno a asumir su rol promotor en lugar de excluyente. “El que tiene que formalizar es el Estado. Nosotros somos pequeños empresarios que queremos crecer y trabajar dentro del marco legal. Necesitamos estabilidad jurídica, queremos una ley para crecer”, concluyó.