La Confederación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Confemin) anunció la suspensión de su participación en la mesa de diálogo con el Ejecutivo y advirtió que podrían retomar las movilizaciones si no se modifican las condiciones impuestas por el Decreto Supremo 09-2025-EM.
Ismael Palomino, coordinador nacional de la Confemin, y su abogado Adolfo Valverde, señalaron que el principal punto de quiebre es el corto plazo que les da el Gobierno —hasta el 17 de agosto— para gestionar la autorización del uso de explosivos, un requisito que consideran inviable en las condiciones actuales.
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“Para cumplir ese trámite necesitamos 31,000 polvorines en todo el país, y eso no existe. Es una exigencia desconectada de la realidad”, expresó Palomino en RPP, asegurando que no existen las condiciones materiales ni logísticas para cumplir con la norma.
Según el dirigente minero, los almacenes de explosivos (polvorines) son de propiedad privada y escasos, lo que hace inviable el acceso para los más de 31,560 mineros artesanales en proceso de formalización. Por ello, exigen una prórroga de al menos cinco meses para cumplir con este requisito.
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Palomino confirmó que, a la espera de una respuesta, participarán en la sexta reunión con representantes del Gobierno este viernes 1 de agosto, donde esperan recibir una alternativa viable. De no haber solución, las protestas se reanudarán.
Adolfo Valverde, abogado de la Confemin, fue más tajante: “El problema no es la voluntad de los mineros, sino la imposibilidad técnica. No se puede exigir lo que no se puede cumplir”.
El contexto de esta controversia se enmarca en el proceso de formalización minera, en el que miles de trabajadores artesanales buscan incorporarse al sistema legal, accediendo a derechos laborales y productivos. Sin embargo, las condiciones actuales —afirman— los empujan nuevamente a la informalidad.
En medio de las negociaciones, se reveló que Ismael Palomino se encuentra afiliado a Renovación Popular, lo que ha despertado suspicacias sobre un posible trasfondo político. No obstante, el dirigente defendió su postura, afirmando que su militancia no influye en su lucha por los derechos de los mineros.
