El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte consiguió que se sentencie, en primera instancia, a seis años de pena efectiva, con ejecución diferida, al alcalde del distrito de Comas, Ulises Villegas, por pactar la entrega de una obra inconclusa.
Junto con él fueron sentenciados también tres exfuncionarios por ser coautores del delito de colusión agravada, informó el miércoles 23 el Ministerio Público.
Asimismo, el despacho fiscal logró que sentencien a tres años de pena efectiva (con ejecución diferida) a dos exservidores por ser coautores del delito de falsedad ideológica.
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Tras conocerse la sentencia, Villegas compartió un comunicado en el que señala: “Como persona soy y siempre seré muy respetuoso de la ley, esta es una sentencia suspendida en primera instancia por un proceso del año 2017, ajeno a mis actuales funciones como Alcalde del distrito de Comas”.
Asimismo, indicó que junto a su abogado están apelando la sentencia por considerarla desproporcionada e injusta.
“En el proceso no se ha considerado todas las pruebas y descargos de la inocencia de la empresa que en ese entonces representaba“, sostuvo.
Agregó que espera que esta sentencia no sea utilizada como una mordaza política para silenciar lo que piensa “y mucho menos se convierta en una cacería de brujas en mi contra”.
¿A qué obra inconclusa se refiere?
En 2017, la empresa UDEL Group se adjudicó la construcción del proyecto ‘Mejoramiento de vías de la prolongación Santa Rosa y pasaje De la Cruz de los asentamientos humanos San Camilo, San Albino y El Volante (SNIP-29876)‘.
El fiscal provincial Jorge Mauro García Juárez, quien estuvo a cargo del caso, sustentó durante el juicio oral que Ulises Villegas, en representación de UDEL Group, y los demás sentenciados pactaron realizar la entrega de la obra a pesar que se encontraba inconclusa, provocando un perjuicio económico al Estado.
Además sustentó, como principales elementos de convicción, el expediente técnico de la obra, los informes técnicos de la Contraloría General de la República y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), las pericias de ingeniería civil, contabilidad y economía, entre otros.
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El Ministerio Público también consiguió que los procesados sean inhabilitados por cinco años de la función pública y para contratar con el Estado.
Además, logró que los sentenciados por colusión agravada y falsedad ideológica realicen el pago de 365 y 180 días multas, respectivamente, los cuales serán ejecutados si se confirma la sentencia en segunda instancia.
