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Comunidades indígenas llegaron este martes hasta el Tribunal Constitucional (TC) de Perú para protestar por los cinco años que llevan esperando a que se pronuncie sobre su demanda, donde alegan ser los poseedores de miles de hectáreas de selva amazónica arrasadas por una empresa para cultivar palma aceitera.
Frente a la puerta de la sede del TC, en el centro histórico de Lima, los indígenas levantaron cárteles para reclamar que los magistrados del máximo órgano de garantías se pronuncien a favor de su solicitud, que ha sido denegada en dos ocasiones en instancias previas.
“¡Protección de nuestros bosques ahora!”, “Nuestra unidad no se vende”, “Por la defensa del territorio”, eran parte de las consignas que lucían las pancartas de las comunidades Santa Clara de Uchunya y Flor de Ucayali, cuyos miembros son de la etnia shipibo-konibo, la más numerosa en la oriental región amazónica de Ucayali.
Los representantes de ambas comunidades denuncian que sus territorios ancestrales fueron invadidos por migrantes de otras zonas de Perú y parte de ellos fueron después vendidos a la empresa Plantaciones de Pucallpa, a la que acusan de deforestar unas 7,000 hectáreas de selva para plantar palma aceitera operadas ahora por Ocho Sur.
86,000 hectáreas reclamadas
En total son unas 86,000 hectáreas reclamadas por Santa Clara de Uchunya como su territorio ancestral, una superficie donde actualmente hay concesiones forestales y otras propiedades, además de los cultivos de palma aceitera.
La demanda exige anular los títulos expedidos por el Gobierno regional de Ucayali desde 1996 sin el aparente consentimiento de los indígenas a pequeños agricultores llegados a la zona, los mismos que luego adquirió Plantaciones de Pucallpa.
Carlos Hoyos Soria, dirigente de Santa Clara de Uchunya, lamentó que hayan pasado cinco años sin que el TC falle sobre su demanda.
“Reclamamos que el Estado nos devuelva nuestro territorio, el mismo que una empresa trasnacional nos ha quitado el derecho de posesión. Por eso venimos de tan lejos hasta la capital para presentar nuestro reclamo”, dijo.
“No estamos pidiendo un favor al Estado. Reclamamos el derecho que nos corresponde por ley, y que realmente como pueblo originarios que hoy venimos padeciendo y sufriendo con tantas amenazas e invasiones en nuestros propios territorios”, agregó.
Empresa niega apropiación indebida
En una carta remitida a Efe en marzo pasado, el gerente general de Ocho Sur, Michael Spoor, rechazó “rotundamente” que se hayan apropiado indebidamente de los terrenos de las plantaciones y rechazó que a su empresa se le vincule con actividades ilegales y con abuso de poder sobre personas y otras propiedades.
De momento, la comunidad solo tiene reconocidas, tituladas y registradas legalmente por las autoridades regionales de Ucayali un área de 1,700 hectáreas, el 2% del área que considera como su territorio ancestral.
Ese espacio de 17 kilómetros cuadrados no se superpone con la plantación de Ocho Sur, circunstancia a la que se acoge la empresa para afirmar que el reclamo de la comunidad es por un asunto que queda fuera de su responsabilidad.
Asimismo, la palmicultora recordó recientemente en un comunicado que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) revocó una orden de paralización de actividades de la empresa y una multa de 9 millones de soles (unos US$ 2.18 millones) por no contar con los permisos ambientales para operar.
Por lo tanto, la empresa continúa operando mientras tramita su Programa de Adecuación Medio Ambiental (PAMA) ante el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).
