Leslie Salas
El Perú ya alberga a más de un millón de migrantes y refugiados venezolanos, quienes también han sufrido los embates de la crisis sanitaria del nuevo coronavirus y, probablemente, en mayor medida.
La directora de la ONG Hias Perú, Erika Alfageme, señala que el desempleo entre marzo del 2020 y marzo del 2021 aumentó en un 30% a raíz del COVID-19 y, lo que es más grave aún, el 34% ha tomado medidas extremas para sobrevivir como pedir limosna, lo cual vemos constantemente en las calles.
“El año pasado, por ejemplo, recibimos 12,000 solicitudes de asistencia de personas que no tenían acceso a alimentación ni vivienda”, detalla.
Asimismo, precisa, que la informalidad se ha acrecentado pese a que ya un 80% de venezolanos trabajaban en la informalidad, colocándolos en una situación de mayor vulnerabilidad.
Destaca que antes de la pandemia 9 de cada 10 migrantes realizaban una actividad económica, y de estos el 70% lo hacían de forma dependiente y el 30% independiente o autónoma, desenvolviéndose en el sector comercial, en servicios ambulatorios, en labores de atención al cliente, seguridad, limpieza, restaurantes y salones de belleza, entre otros.
Recuerda que la migración venezolana es ciertamente joven, ya que según las estadísticas disponibles en el 2019, el 90% era menor de 40 años y en un 60% menos de 20 años y con mejor formación educativa.
No obstante, precisa que estas cifras han ido variando hacia una población más vulnerable y con mayor dificultad de acceso al empleo, esto sumado obviamente con débiles políticas migratorias de regularización, problemas de xenofobia, poco acceso a derechos y débil información.
“Lo antes dicho, sumado a la pandemia, coloca a los migrantes y refugiados en una situación de vulnerabilidad extrema. El Perú nunca estuvo preparado para esta ola migratoria tan fuerte. Hemos sido más bien por historia un país expulsor y no receptor”, acota.
Iniciativas de empleabilidad
Ante esta realidad, Alfageme comenta que desde el área de inclusión económica de Hias quieren centrarse en el fomento de la empleabilidad y del emprendimiento para así apoyar a los migrantes en este proceso de integración social y económica.
Señala que para ello también se tiene que resolver los procesos de regularización, los cuales por la crisis sanitaria se han visto frenados.
Indica que si bien se han emprendido mecanismos virtuales que podrían tener cierta ventaja, no son los más adecuados para el grueso de esta población que no tiene acceso a internet, ni a equipos básicos para este registro para formalizar o regularizar su calidad migratoria. “Este es un tema en el que hay que trabajar de manera articulada, de lo contrario muchas cosas en las que trabajemos se verán estancadas”, precisa.
Sostiene que están trabajando en algunas iniciativas a través de sus escuelas de emprendimiento con enfoque de género, ya que son las mujeres las más afectadas por esta situación puesto que están cuatro veces más expuestas que los hombres a no tener empleo y porque ven que hay más mujeres cabezas de familia, llegando. Incluso, el 58% de las mujeres recibe menos del sueldo mínimo versus el 37% de los hombres.