La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso expresó su preocupación por las cifras presentadas por el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional Para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA), Carlos Antonio Figueroa Henostroza, las mismas que confirman que nunca en nuestra historia se había producido tanta cocaína como en la actualidad.
Al respecto, el titular de Devida señaló que la expansión de los cultivos de coca con fines ilícitos genera impactos negativos, principalmente en el tejido social, el medio ambiente y la economía, afectando más a los sectores vulnerables de la población..
Agregó que las áreas de producción de coca se han incrementado en 18% del 2021 al 2022, llegando a 95,008 hectáreas.
Sin embargo, el presidente de la comisión parlamentaria, Alejandro Aguinaga Recuenco, respondió que no se observa una decisión firme por parte del actual gobierno y recordó que en 1991 existían más de 120,000 hectáreas de coca, y que el gobierno del presidente Alberto Fujimori las redujo a 38,000 hectáreas.
Respecto de la capacidad productora de cocaína, el legislador fujimorista lamentó que hoy se produzca casi la misma cantidad que registraba toda la región en el año 2000 y dijo que no se incauta ni el 8% de esa producción.
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Observaciones al informe de DEVIDA
Aguinaga sostuvo que en el informe del presidente de DEVIDA no se hizo ninguna referencia al control de insumos químicos, y le pidió que se proceda a reactivar el eje vial San Franscico - Huamanga para que los agricultores que se acogieron a la estrategia de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS) puedan sacar sus productos.
Asimismo, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el predictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo N° 24/2021-2026, que ratifica el Acuerdo de Intercambio de Notas entre Perú y Ecuador sobre la aprobación del acuerdo específico para la implementación del Centro Binacional de Atención en Fronteras (CEBAF) Macará - La Tina (Eje vial N° 3 Loja - Sullana).
Aprobó también el proyecto de ley N° 01832 que propone prohibir la ampliación del plazo para la regularización migratoria, como medida para combatir la inseguridad ciudadana de actividades delictivas cometidas por extranjeros en territorio peruano.
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