El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, Juan Burgos Oliveros (PP), anunció el último 11 de abril que este martes 15 se presentará un informe preliminar de las indagaciones realizadas al caso de las intervenciones quirúrgicas realizadas a la presidenta de la República, Dina Boluarte. La noche del lunes se supo cuál sería la recomendación.
Según trascendió, el grupo de trabajo sostiene que se evidenciaría un abandono de cargo sin justificación constitucional, debido a que no se activó el mecanismo de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de la Constitución, así como una posible infracción de los artículos 114, 115 y 118 de la Carta Magna.
“Al encontrarnos ante indicios de una presunta infracción constitucional, correspondería evaluar la procedencia de una suspensión temporal de la mandataria, por incapacidad declarada por el Congreso de la República, hasta que se esclarezca su situación y se determinen las responsabilidades correspondientes en el marco del respeto al debido proceso y la separación de poderes”, concluyeron.
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Al haberse incurrido en una omisión de deberes funcionales y posible responsabilidad penal, además de que en el proceso de indagación se identificó la existencia de obstáculos para realizar las funciones de control y fiscalización, consideran que Boluarte habría incurrido en múltiples faltas a la verdad lo cual configuraría “una clara situación de incapacidad moral permanente”
¿Qué recomienda la Comisión de Fiscalización?
El grupo de trabajo señala que se entregará la información recabada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a fin de que determine si la mandataria incurrió en infracción por abandono del cargo.
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Asimismo, se enviarán copias del documento a la Fiscalía de la Nación, a fin de que en el marco de sus competencias y atribuciones evalúen iniciar investigaciones preliminares contra Dina Boluarte y los posibles responsables por la presunta comisión de omisión de funciones.
La comisión también solicita que se le otorgue facultades de comisión investigadora en este caso para “superar los obstáculos surgidos durante la indagación”. Sostienen también que esta medida contribuiría a garantizar el acceso oportuno a la información relevante y evitar actos de obstrucción.
