La Contraloría General de la República inició este jueves el operativo de control “Comisarías Básicas PNP 2025” con el objetivo de evaluar las condiciones de 466 comisarías, equivalentes al 35% de las 1,318 dependencias policiales a nivel nacional. Para esta tarea, casi 700 auditores fueron desplegados en las 25 regiones policiales del país.
En Lima, el contralor general, César Aguilar Surichaqui, encabezó la inspección de la comisaría Ciudad y Campo, en el Rímac, donde se encontraron armas con más de 40 años de antigüedad, chalecos antibalas deteriorados, insuficientes radios transmisores y daños en techos y paredes por humedad. También se reportaron urinarios inservibles y mobiliario en mal estado.
“Con este operativo vamos a hacer un diagnóstico para informar a las autoridades correspondientes y al Congreso la realidad de las comisarías. Hay que hacer algo, todos tenemos que poner el hombro si queremos combatir la delincuencia. Tenemos que tener capacidad de respuesta y de prevención”, declaró Aguilar.
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Mientras tanto, en San Juan de Miraflores, el vicecontralor Marco Argandoña lideró la supervisión de la comisaría Pamplona I, donde se hallaron escaleras oxidadas, techos en mal estado, chalecos antibalas con más de 35 años de uso, proyectiles de arma de fuego corroídos, cables expuestos y motos nuevas inutilizadas por falta de capacitación al personal.
El operativo se da tras visitas previas a las comisarías de La Huayrona y Zárate, en San Juan de Lurigancho, donde se identificaron 14 hechos adversos relacionados con infraestructura insegura, ausencia de planes de patrullaje, ambientes deteriorados, mobiliario precario, escasa dotación de equipos como laptops o impresoras, y retrasos en la remisión de denuncias por violencia contra la mujer al Juzgado de Familia y al Ministerio Público.
Operativo de la Contraloría pone bajo revisión la infraestructura y equipamiento de casi 500 comisarías a nivel nacional. Foto: Andina.
Las comisarías básicas, consideradas la célula esencial de la Policía Nacional del Perú, se clasifican en tipos A, B, C, D y E según área, número de efectivos y población de la jurisdicción.
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El operativo se extenderá hasta el 5 de noviembre, y los informes resultantes serán remitidos al Ministerio del Interior y a la PNP para que se implementen las acciones correctivas necesarias.
