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En la víspera, el Gobierno emitió un decreto que dispone que los colegios privados informen a los padres de familia sobre los costos de cada una de las prestaciones educativas incluidas en el pago de la cuota de matrícula y de las pensiones, desagregando aquellos conceptos (fijos y variables) que pueden ser brindados de manera no presencial y aquellos que no.
A lo que suma que los colegios no podrán cobrar por los servicios que se han dejado de brindar durante la emergencia, ni por nuevos conceptos.
José Urbina, presidente de la Asociación Nacional de Promotores de Instituciones Educativas Privadas (Anpiep) gremio que agrupa a 300 colegios de los sectores C y D, indicó que está a favor de transparentar los costos que implica la educación privada. Sin embargo, consideró que en el caso de pensiones, “el Estado no puede intervenir sobre contratos ya regulados y establecidos”.
“Estamos de acuerdo en no cobrarse por servicios que no se brinden, no obstante debería reconocerse que muchos estamos dictando clases a distancia vía online y adaptándonos a las nuevas circunstancias”, explicó a Gestión.pe.
Recordó que el 63% de instituciones educativas privadas en Perú cobran una pensión mensual por debajo de los S/ 200.
Apenas el 1% de instituciones educativas privadas cobran una pensión mensual de S/ 1,000 a más. A lo que se suma que el 43% de instituciones educativas privadas son escuelas pequeñas de 31 a 99 alumnos y que solo el 3% tiene 350 a más alumnos matriculados.
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En ese sentido, indicó que descuentos del 50% para colegios que cobran pensiones por debajo de S/ 200 es imposible ya que impediría el pago de planilla principalmente. Pese a ello, dijo que algunos centros educativos ya están realizando descuentos entre 20% y 30%.
“Por ejemplo, se ha bajado en 30% la pensión del colegio que represento (Cruz Saco). Nuestra pensión era de S/ 360 y hemos bajado entre S/ 190 y S/ 220. Más debajo de eso no se puede considerar, tomando en cuenta que los profesores están haciendo su gran esfuerzo para dictar clases virtual que es un tema que no está viendo desde el Estado”, explicó.
Los colegios privados -cabe precisar- son fuente de empleo de 200,000 peruanos, en su gran mayoría docentes y personal administrativo que atiende a una población 2’000,000 de estudiantes, que representan el 25% del universo de estudiantes de la educación básica regular.
Ante ello indicó que -pese a que se ha tocado las puertas del Ejecutivo en más de una vez para evitar la quiebra de colegios sobre todo de los sectores C y D- se planteó dos alternativas de solución, y que tendrían un impacto real en la reducción de pensiones.
La primera es un subsidio a los docentes de los colegios.
“Si el Estado destina S/ 1,000 por cada profesor, el gasto sería S/ 200 millones por mes y por (espacio de) tres meses serían S/ 600 millones; que representa el 2% de los S/ 30,000 millones del programa Reactiva Perú”, detalló.
De darse ‘luz verde’ a este planteamiento, estos colegios podrían cobrar solo el 20% de la pensión para subsistir, pagar obligaciones de alquileres, Sunat, EsSalud, entre otros. “Esta pensión estaría entre S/ 40 y S/ 60 mensuales y en los colegios AB podría rebajarse a 30% de sus pensiones, en promedio”, explicó.
Para Urbina esta propuesta podría ser para todos los colegios o solo para los colegios que cobran una pensión menor a S/ 500 que es el gasto promedio que el Estado gasta mensual por alumno.
La segunda es un subsidio pero a los alumnos. En concreto: que el Estado peruano otorgue un bono de escolaridad de S/ 500 como máximo por estudiante por el lapso de 4 meses (marzo, abril, mayo y junio)
“El bono que cada colegio recibirá será el monto de la mensualidad, declarado ante la Sunat y con un techo máximo de S/ 500 por mes. Con esta medida estaría cubriendo al 96% de las IEP del Perú”, apuntó.
“Los préstamos blandos son una necesidad para evitar el cierre de colegios y deben ser considerados en ambas propuestas”, agregó en caso de que desde el Ejecutivo se eviten los subsidios.
Lo que está en juego -dijo- es la educación de los niños y adolescentes, tomando en cuenta que medio millón de estudiantes no podrán trasladarse a colegios público ya que la educación estatal tampoco se dará abasto para acoger a millones de estudiantes.
“Estos chicos simplemente perderán el año”, puntualizó.
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