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“Las comunidades nativas y las zonas protegidas ahora concentran la mayor tasa de crecimiento del cultivo de hoja de coca ilegal”. Así lo informó el presidente ejecutivo de Devida, Carlos Antonio Figueroa.
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), publicará en los próximos días su medición del 2022 sobre el cultivo ilegal de la hoja de coca en Perú, pero ya adelantó que el panorama no es alentador pese a los esfuerzos.
“Las zonas donde hemos intervenido han generado contención, pero la mayor tasa se da en zonas de bosques, áreas naturales protegidas, comunidades nativas, ese es el nuevo foco que debemos afrontar con preocupación y que debemos matricular para inyectar recursos de la cooperación internacional. Con solo recursos del Estado no lo podemos hacer”, mencionó ante la Comisión Especial DEVIDA del Congreso.
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Durante la sesión, se reportó que entre el 2021 y 2022 se habría detectado 3,339 hectáreas nuevas. En el 2021, 328 hectáreas en áreas naturales protegidas y 12,436 hectáreas en zonas de amortiguamiento. Además, la mayoría de las áreas se ubicarían en el Parque Nacional de Bahuaja Sonene, Cordillera Azul y Reserva Comunal El Sira.
Para Figueroa, el incremento de este cultivo se debe a que las acciones que necesitan tomarse -tres ejes que incluye política, intervención y desarrollo- “ha sido desequilibrada”.
Frente a esta situación, señaló que han firmado un convenio con Serfor y próximamente con el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) para trabajar de forma conjunta.
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Titulación de tierras, ¿qué pasó?
El presidente Ejecutivo de Devida también lamentó que el Ejecutivo le haya retirado dos facultades este año. La primera, vinculada a la transferencia de recursos a los gobiernos locales para hacer zonas económicas ecológicas y la titulación de tierras rurales que involucraban mapas temáticos que identifican la vocación de los territorios.
También, anotó, Devida no tendría facultad para transferir recursos a los gobiernos locales para actividades productivas, es decir, para promover nuevos mercados y lograr que los cultivos sean competitivos.
“Todavía existen muchos conflictos de demarcación territorial. Ahora la competencia para la titulación lo tienen los gobiernos regionales”, mencionó.
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Palma aceitera
De otro lado, Figueroa mencionó que su institución no apoyará, en ningún caso, nuevos proyectos de palma aceitera más allá de las que apoyaron en su momento y que han logrado rentabilidad.
“No podemos alentar el cultivo porque puede ampliarse la frontera agrícola en zonas boscosas, eso sí sería una situación negativa para el país y para el mundo”
Finalmente, indicó que próximamente firmarán un nuevo convenio con la Unión Europea, por 4 millones de euros, para la intervención en el VRAEM, bajo un modelo de trabajo participativo.
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