Cárceles construidas con financiamiento privado: La viabilidad de la propuesta de la MML

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, mencionó que el teniente alcalde de la MML, Renzo Reggiardo, detalló que se cuenta con terrenos disponibles y presupuesto, así como conversaciones adelantadas con el alcalde y los regidores para facilitar el proyecto.

Sin embargo, cabe preguntarse: ¿Qué tan viable es esta propuesta?

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Opciones de financiamiento privado

Lucía Nuñovero, abogada especialista en criminología de la Universidad del Pacífico, explicó que no existe un modelo de financiamiento privado para cárceles en el país.

Y es que, esquemas adoptados, como obras por impuestos, mecanismo multilateral (como el Banco Interamericano de Desarrollo) o asociaciones público-privadas, son herramientas donde el Estado sigue siendo el principal actor; mientras que "el privado actúa más como ejecutor que inversor en busca de rentabilidad".

“Los privados no financian cárceles (...) En este caso son los estados (los que buscan), a través de endeudamientos multilaterales, que no es financiamiento privado como la CAF o el Banco Interamericano de Desarrollo, o es a través del financiamiento público”, precisó.

Además, indicó que a las empresas privadas no les resulta atractivo construir cárceles porque ello no genera valor agregado ni retorno económico, a diferencia de otros proyectos de infraestructura.

Asimismo, precisó que lo importante es la ejecución del financiamiento hacia el sector penitenciario, dirigido a expedientes técnicos, perfiles, contrataciones, subcontrataciones. De lo contrario, advirtió que se podrían presentar intereses subalternos e incluso políticos en las gestiones.

“En otros países, las cárceles han terminado controladas por el crimen organizado. Las fugas de las cárceles en México, por ejemplo, eran en las catalogadas como de máxima seguridad, hipermodernas, pero cuyos sistemas de vigilancia no respondían a los directores de las cárceles, sino a organizaciones criminales que tenían pactos con los jefes del instituto penitenciario”, añadió.

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Papel del sector privado

La especialista indicó que la seguridad penitenciaria, así como la salud y la educación, son bienes públicos que requieren inversión estatal y estándares de gestión elevados.

Nuñovero precisó que el interés privado en las cárceles es extremadamente limitado y, si existe, solo bajo modelos muy controlados y con riesgos notables de encarecimiento y desnaturalización del servicio público.

“Los modelos privados no es que estén mal, pero son para otro tipo de fines de funcionamiento en la sociedad. Por ejemplo, en el caso de la educación, las inversiones van a las escuelas privadas o a la brecha de educación. Esas brechas son para políticas sociales, para inversión social, porque finalmente son bienes públicos, lo disfrutamos todos, en alguna medida”, acotó.

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Experiencias internacionales en cárceles privadas

Nuñovero se refirió al modelo de cárceles privadas en otros países, el cual tuvo auge en Estados Unidos, Francia y parcialmente en Chile en los años 90 y 2000.

Al buscar una rentabilidad en el privado se encarece mucho el costo por día del interno, que es el principal indicador de eficiencia y de control de la gestión del gasto público de este sistema. “Interesa más que el enfermo se quede más tiempo en la cama y nunca salga”, añadió.

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Gestión y ejecución

Cluber Aliaga, exministro del Interior, precisó que no hay experiencia real en el tema de la construcción de cárceles privadas en el país, ya que los empresarios lo que buscan es rentabilidad, buscando inversiones seguras.

“Lo más recomendable sería que las cárceles sean construidas por el Estado, con las condiciones de seguridad necesarias, sin perder el control de la seguridad, pero dejando en concesión la gestión empresaria”, acotó.

Asimismo, precisó que el fin debe ser conciliar los objetivos de control social y resocialización con la línea empresarial, que es la producción de bienes o servicios.

“Esto último permitiría ingresos para los reclusos y ahorrar los costos de alimentación y salud de los reclusos, quedando el Estado a cargo de la resocialización y seguridad personal y física”, mencionó.

Sobre la propuesta de la Municipalidad de Lima de buscar financiamiento privado para la construcción de cárceles, mencionó que sería viable, pero que “hay que tener cuidado de no convertir en un negocio perverso la detención de las personas”.

Por ello, indicó que se debe pensar en un régimen mixto, dónde el Estado y la inversión privada den su mejor aporte ante la propuesta.

Ante la problemática de hacinamiento carcelario, Aliaga menciona que se puede solucionar despenalizando figuras menos peligrosas, las cuales deberían ser sancionadas económicamente con multas.

“También logrando celeridad en los procesos penales que tienen procesados por muchísimos años, cometiendo tremendas injusticias. Priorizando los penales para los que cometen delitos violentos Aplicando arresto domiciliario para no peligrosos, con el adicional de pagos (multas) a favor del Estado”, puntualizó.

SOBRE EL AUTOR

Daniel Seclen Parraguez

Bachiller en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, con seis años de experiencia en prensa radial, escrita, digital e instituciones públicas.