La Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional ejecutó un megaoperativo simultáneo en Apurímac, Lima, La Libertad y Puno que permitió la desarticulación de una presunta organización criminal denominada “Las Corbatas Negras”, integrada, de acuerdo con la investigación fiscal, por funcionarios y trabajadores del Poder Judicial.
Como resultado de las diligencias se realizaron cinco detenciones preliminares y 21 allanamientos en sedes judiciales y viviendas vinculadas a los investigados.
Entre los detenidos se encuentra el presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, José Alberto Tinco Luján, además de su esposa, el coordinador de Servicios Judiciales de Recursos Humanos, el jefe de Imagen Institucional y el coordinador de Recursos Humanos de esa institución.
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Allanamientos en sedes judiciales
Las intervenciones fueron ejecutadas por agentes de la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados al Crimen Organizado, en coordinación con el Ministerio Público.
Los allanamientos se realizaron en Lima, Trujillo, Puno, Abancay y Andahuaylas, e incluyeron instalaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, el Módulo Penal de Abancay, el Módulo Básico de Justicia de Andahuaylas y el Módulo Penal de esa misma provincia.
Según la investigación, sustentada en declaraciones de testigos protegidos y otros elementos de convicción, la presunta organización criminal habría operado para ejercer control sobre decisiones dentro de la administración de justicia.
Las pesquisas comprenden al menos 14 hechos bajo investigación que, según la hipótesis fiscal, evidenciarían un esquema orientado a favorecer determinados procesos judiciales mediante presuntas prácticas irregulares.
De acuerdo con las diligencias preliminares, los investigados habrían ejercido presiones y represalias contra magistrados para influir en resoluciones judiciales, además de promover designaciones irregulares de jueces supernumerarios y personal administrativo sin cumplir los requisitos previstos por ley.
Tráfico de influencias y direccionamiento de expedientes
La investigación también comprende presuntos actos de tráfico de influencias en procesos de contratación, manipulación del sistema informático institucional para direccionar expedientes judiciales, hostigamiento contra servidores que denunciaron irregularidades y el uso de documentación presuntamente falsa para acceder a cargos de confianza.
Asimismo, las autoridades investigan el presunto cobro de aportes económicos a trabajadores bajo la apariencia de actividades institucionales.
Poder Judicial rechaza presuntos actos de corrupción
Tras conocerse la intervención policial, la Presidencia del Poder Judicial emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a los presuntos hechos de corrupción atribuidos al presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac y a otros funcionarios de ese distrito judicial.
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La institución sostuvo que la probidad y la honestidad son requisitos inherentes para el ejercicio de la magistratura y remarcó que la independencia judicial no constituye un mecanismo de protección frente a presuntas conductas ilícitas. En ese sentido, señaló que “ningún juez o jueza está por encima de la ley ni exento de responder por sus actos cuando corresponda”.
Asimismo, informó que se vienen coordinando acciones para garantizar la continuidad del servicio de justicia y la atención a la ciudadanía en el Distrito Judicial de Apurímac.
Finalmente, el Poder Judicial reafirmó su compromiso con la transparencia, la integridad institucional y la lucha contra la corrupción, en defensa de la confianza ciudadana y del fortalecimiento del Estado de derecho.
El Poder Judicial afirmó que ningún juez está por encima de la ley y garantizó la continuidad del servicio de justicia en Apurímac. Foto: PJ.
