
Las micro y pequeñas empresas (MYPE) enfrentan una serie de obstáculos burocráticos que limitan su desarrollo y su capacidad de competir. Entre los sectores más afectados se encuentran las bodegas, que representan más de 500 mil negocios a nivel nacional y constituyen el principal sustento de miles de familias peruanas. Así lo sostuvo Daniel Hermoza, director del Centro de Estudios de Mypes Unidas del Perú.
Indicó que una de ellas es la restricción horaria para la venta de bebidas alcohólicas, la cual ha sido impuesta por las municipalidades. No obstante recordó que recientemente fue declarada ilegal por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en la Resolución 0382-2025/SEL.
El organismo determinó que estas medidas, además de carecer de sustento técnico, vulneran el principio de razonabilidad y afectan la libertad de empresa, lo que genera sobrecostos y pérdida de competitividad en el sector, apuntó.
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“Cada trámite adicional, cada restricción municipal o cada permiso duplicado representa tiempo y dinero que las pequeñas empresarias no tienen. Muchas bodegas operan al límite de su rentabilidad y estas barreras burocráticas terminan empujándolas hacia la informalidad”, explicó el director del Centro de Estudios de Mypes Unidas del Perú.
Para hacer frente a este panorama, diversos gremios empresariales tuvieron una reunión con el presidente de la República, José Jerí, en Palacios de Gobierno, para exigir la eliminación de trabas que frenan la inversión privada y la formalización. En este espacio, también se reafirmó el compromiso de revisar los procesos regulatorios que afectan el clima de negocios y la generación de empleo.

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Panorama retador para las bodegas
Para las bodegueras, el impacto de las normas locales desproporcionadas es severo. “No se puede exigir a las bodegas cumplir con más requisitos que las grandes cadenas. Las municipalidades deben entender que somos parte del tejido económico del país y que, en lugar de sancionarnos, deberían apoyarnos con capacitación y simplificación de trámites”, señaló Carla Campos, presidenta de la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub).
De acuerdo con Mypes Unidas del Perú, una bodega promedio puede enfrentar hasta 12 trámites distintos para operar legalmente, entre licencias de funcionamiento, autorizaciones sanitarias y permisos de comercialización. A ello se suman fiscalizaciones repetitivas por parte de distintas entidades y normas que limitan el comercio, como el caso de la Ley Seca, que para 2026 proyecta generar pérdidas por más de S/320 millones.
“Las bodegas son el primer eslabón de la economía popular. Si las asfixiamos con trámites y multas injustificadas, perdemos todos: el Estado, los consumidores y las familias emprendedoras”, enfatizó Hermoza.








