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Recibir newsletterA partir del 22 de julio, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) realizará un nuevo bloqueo de celulares, para disminuir la tasa de robo que se registra en el país. ¿Cuál será el impacto efectivo de esta medida?
Impacto económico del bloqueo de celulares
El 22 de abril fue la fecha de inicio del bloqueo inmediato de celulares robados en la red móvil nacional. En este marco, también se detectaron los equipos con IMEI clonados, por lo que se advirtió a los importadores que registren el móvil en la ‘lista blanca’, de lo contrario, serán bloqueados este 22 de julio.
Gestión conversó con Carlos Huamán, director ejecutivo de DN Consultores, quien mencionó que, según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin), “esta cantidad de líneas asciende por mes a 750,000 dispositivos activados que, de un momento a otro, dejarán de funcionar sin que el usuario disponga de ninguna herramienta para que pueda verificar si es que sus equipos están o no en la lista blanca”.
Ello sería -mencionó- el inicio de la pérdida económica que se registraría en el sector telecomunicaciones.
Una vez que se realice el bloqueo, el usuario afectado acudirá a la tienda minorista donde adquirió el dispositivo; esta tienda trasladará el reclamo al distribuidor mayorista o al importador. Mientras este proceso siga en curso, “el dispositivo no estará disponible por lo menos 30 días calendario”.
Si bien hay la posibilidad de que algunos usuarios tengan un celular extra en casa, suponiendo que un 50% no dispongan de otro móvil, figurarían alrededor de 375,000 usuarios que se verían obligados a adquirir otro equipo para no estar incomunicados, estima Huamán. Agrega que un equipo cuesta US$ 160, en promedio. Con ello, el costo preliminar sería de US$ 60 millones. Pero a ello hay que sumarle el costo del tiempo perdido en realizar reclamos y en la compra de un nuevo dispositivo.
“Entre el tiempo que los usuarios le dedicarán a hacer un reclamo y a conseguir otro equipo para mantenerse comunicados, calculamos alrededor de US$ 75 millones en valor cuantificado”, sostiene Huamán.
Esta pérdida sería mensual solo en usuarios nacionales. El asunto se agravaría incorporando a los turistas que tienen dispositivos activados en su país de origen.
Y es que, hay turistas que prefieren activar un chip local en el país que visita. Si tenemos en cuenta de que los turistas tienen que ir al local de un operador móvil para registrarse en la lista blanca, como lo dispone Osiptel, estarían perdiendo una mañana, en vez de dedicarse a visitar el país, advierte el especialista.
“Según el Ministerio de Comercio y Turismo, el gasto promedio de un turista internacional es de US$ 150 por día. Si tomamos en cuenta que el número de turistas internacionales en el país asciende a 200,000, y consideramos que el 10% compra un chip en el país de visita, resulta una pérdida de US$ 2 millones”, explica.
En concreto, para DN Consultores, la pérdida que generarían los usuarios nacionales e internacionales, sumado, impactaría “al rededor de US$ 80 millones mensual”.
Sin embargo, no solo se trata de un impacto económico, también se perciben costos no cuantificables, como la cantidad de recursos que asignará el ente regulador, la cantidad de personas que trabajarán, los procesos que se van a realizar, el tiempo invertido en la gestión, entre otros.
Bajo este panorama, Carlos Huamán advierte que la operatividad del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), se reducirá en un 70%.
“Los reclamos en Indecopi se incrementarían, lo que generaría un colapso en los sistemas de atención y saturación para atención en las operadoras y miles de usuarios”, comenta.
“Si a la reconocida evidencia respecto a la limitada eficacia del RENTESEG como herramienta para combatir la delincuencia, añadimos este impacto económico potencial en contra de los usuarios y del país, encontramos razones suficientes para revertir la implementación de la lista blanca y para discutir la sostenibilidad del modelo RENTESEG en su conjunto”, agrega.
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¿El apagón de celulares es una medida idónea?
El robo de celulares incorpora varios delitos a su paso. Zoila Collantes, docente de Ingeniería de Sistemas de la Información de la USIL, advierte que la tecnología avanza rápidamente y ahora utilizan la IA como aliado:
“Hay software con el que cambian el IMEI y desbloquean celulares. Aunque es un uso ilegal, pueden comprometer la seguridad del dispositivo. A su vez, se realiza la venta por partes de estos equipos que, una vez desarmado, es difícil rastrear el origen de estas piezas. Todo ello alimenta los mercados grises, como Las Malvinas”.
Con el anuncio de Osiptel, se espera que los números que cuenten con un IMEI duplicado/ clonado, sean bloqueados. Otto Vidal comenta que, para desbloquear el IMEI, el verdadero propietario tendrá que ir al operador y realizar un trámite.
Con ello, se generarían trabas en el tráfico de celulares robados y dejaría de ser un negocio rentable. Si los delincuentes vuelven a clonar un IMEI y el bloqueo de celulares robados es un proceso constante, el usuario irá a los puntos de desbloqueo cada vez, pero a la larga, quedará fuera de línea.
“No se va a reducir la venta de equipos robados, pero sí es una medida que puede contribuir para concientizar a las personas de no adquirir productos de dudosa procedencia”, indica Zoila Collantes.
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Una posible solución
Otto Vidal recomienda que el bloqueo de celulares robados sea automático. Es decir, una vez que el equipo es robado, el usuario debe avisar a la operadora y esta debe bloquear el móvil inmediatamente.
Zoila Collantes sugiere que se establezcan alianzas con países vecinos “para tener registrado los IMEIS clonados e identificar los celulares de dudosa procedencia”.
Finalmente, la especialista considera que es necesario concientizar a las personas sobre el uso de celulares robados o de dudosa procedencia, ya que, en el caso de adquirirlos, viviremos una pesadilla porque puede que con ese aparato se hayan cometido diferentes delitos, “lo cual nos puede perjudicar”.
Periodista. Bachiller en la Universidad San Martín de Porres con experiencia en medios digitales. Actualmente, me desempeño como Redactora Web en Gestión con gran interés en temas económicos y las finanzas.
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