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La obtención del bachillerato automático se encuentra vigente hasta el 31 de marzo de 2024, sin embargo desde la Bancada Bloque Magisterial de concertación Nacional se propone ampliar dicha posibilidad hasta el 31 de marzo de 2025. Además propone prohibir la contratación de terceros para la elaboración de la tesis y el cobro por asesorías.
El proyecto de ley N.° 7231-2023-CR , impulsado por el legislador Pasión Dávila dispone que los estudiantes matriculados en los programas de pregrado o posgrado están obligados a realizar de manera independiente la investigación y redacción de sus tesis, demostrando su capacidad para llevar a cabo investigaciones originales y contribuir al conocimiento en su campo.
En ese sentido, prohíbe que los docentes universitarios asesores de tesis cobren por esta labor prestada a los estudiantes, la misma que deberá brindarse de manera gratuita, garantizando la imparcialidad en el proceso de evaluación de las tesis.
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“Se prohíbe la venta de tesis”, indica el proyecto de ley que busca promover la investigación para obtener el grado de bachiller o del título profesional e impulsar la inserción de los graduandos en el mercado laboral.
Plantea además que las instituciones de educación superior establezcan sanciones para los estudiantes que contravengan esta ley, y para los docentes que cobren por la asesoría de tesis, la misma que será proporcional a la gravedad de la falta y podría ir desde una amonestación hasta la expulsión del estudiante o del docente infractor.
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En el caso de las instituciones académicas de educación superior, el proyecto de ley señala que tienen la responsabilidad de promover la ética y la originalidad en la producción de tesis, para lo cual deberán establecer mecanismos de supervisión y control para garantizar que los estudiantes cumplan con los requisitos de investigación y redacción de manera independiente.
Prohíbe además las asesorías de tesis de particulares, salvo aquellos que cuenten con la autorización expresa del Ministerio de Educación, que deberá establecer mecanismos de control y fiscalización a las personas naturales y jurídicas que brinden esta labor, con el fin de garantizar la calidad y la integridad de dicho servicio.
De no contar con esta autorización, los asesores particulares de tesis serán pasibles de ser denunciados y sancionados de acuerdo con la legislación penal vigente.
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El congresista Dávila indica que “el negocio de la tesis” es una práctica común entre los estudiantes por lo que se requiere regular la elaboración de la tesis para garantizar que los estudiantes sean responsables de su trabajo académico, la calidad y la transparencia.
“Dada la proliferación de servicios de particulares que ofrecen la elaboración de tesis, es necesario establecer una prohibición expresa para la contratación de asesorías de particulares no autorizados”, precisa el proyecto.
Sostiene que la contratación de servicios de tesis socava la integridad académica y va en contra de los principios de honestidad y originalidad que se esperan en la elaboración de una tesis, lo que perjudica la formación académica de los estudiantes y afecta la reputación de las instituciones educativas y del sistema educativo en general.
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