El presidente de Autoridad de Transporte Urbano (ATU), José Aguilar, informó que han recibido denuncias sobre dos empresas de tranportes convencionales que estarían detrás de la organización del paro que se han adoptado compañías y colectiveros por la fiscalización en Lima y Callao.
Durante una conferencia de prensa por su primer mes de gestión, Aguilar resaltó que no iban a permitir “ese tipo de chantaje” de las empresas y colectiveros porque deben garantizar un transporte rápido, seguro y formal.
“Nos han llegado denuncias de que dos empresas convencionales estarían ayudando en el paro. Está en investigación. No podemos permitir ese tipo de chantaje porque lo que hay que garantizar es un transporte rápido, seguro, formal y cumplir con la normativa. Si los contratos dicen que no podría haber competencias en ciertos porcentajes de los tramos, tenemos que cumplir, son las reglas del juego”, declaró para la prensa.
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Seguidamente, otro funcionario de la ATU reiteró que se tratarían de dos empresas detrás del paro. En esa línea, informó que han tenido que poner a buen recaudo al personal de fiscalización, pues, aseveró que no se trata solo de informales esporádicos, sino de “mafias que hay detrás”.
“Nuestro equipo de fiscalización, en convenio con la Municipalidad de La Molina, está haciendo el seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia. Todo ese material, más la información que nos ayuda llegando a través de nuestra fuentes, va a ser alcanzo a la Policía para que puedan activar acciones de otro tipo”, agregó.
Adendas
En otro momento, José Aguilar dijo que esperan presentar una propuesta de adenda revisada por la ATU a los concesionarios de los corredores este martes 20 de junio.
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“Mañana esperamos presentar la propuesta revisada por la ATU a los concesionarios, dependiendo de ellos, nos podemos juntar los siguientes días para poder aclarar (…) si estamos todos de acuerdo, la presentaremos en las siguientes semanas al MEF”, precisó el jefe de la ATU.
“Un proceso de adenda no es rápido porque es un contrato de situación pública-privada. En promedio toman varias semanas. También hay el compromiso de los operadores en ver todas las acciones que estamos haciendo”, añadió.
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