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Únete al canal de GestiónAmazonía peruana se tiñó una vez más de sangre con otro indígena asesinado a manos de sicarios, Antonio Yagkuag, del pueblo nativo awajún, quien era líder de las rondas campesinas, urbanas y nativas.
Yagkuag, de 57 años, recibió dos disparos de arma de fuego el pasado viernes cuando se encontraba en las inmediaciones del puerto fluvial de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, fronteriza con Ecuador.
El asesino de Yagkuag huyó en una embarcación sin que pudiese ser detenido por la Policía y sin que hasta ahora haya podido ser identificado pese a que está bajo investigación de la Fiscalía.
El asesinato está presuntamente vinculado a una represalia por la labor contra la trata de mujeres en la zona por parte de las rondas, una suerte de guardia rural que patrulla en sus jurisdicciones e incluso imparte su propia justicia, con castigos físicos como latigazos a quienes sorprenden infringiendo la ley.
La muerte de Yagkuag se suma a una larga lista de no menos de diez indígenas y defensores ambientales asesinados en Perú en los últimos dos años, la mayoría ligados al narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico de tierras.
El último precedente fue hace menos de dos semanas, cuando Lucio Pascual, líder de la comunidad de etnia asháninka La Paz de Pucharine, en la región de Pasco, fue asesinado por enfrentar a invasores que habían instalado cultivos ilícitos de hoja de coca en el territorio de la comunidad.
Este lunes, la Delegación de la Unión Europea (UE) reiteró su preocupación por el asesinato de Yagkuag y mantuvo su compromiso con la búsqueda de justicia tanto en éste y como en los otros casos.
La partida de Yagkuag también fue lamentada por el gobierno, en la voz de su primera ministra, Mirtha Vásquez, quien exigió una “seria y urgente investigación”.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) expresó en un comunicado su profundo pesar por el fallecimiento del líder awajún, condenó la violencia contra líderes indígenas y confió en que los autores del crimen sean debidamente sancionados.
Asimismo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se puso a disposición de la familia de la víctima con el objetivo de encontrar justicia.
