
Unos 1,500 mineros informales bloquearon desde el lunes en la mañana varios tramos de la carretera Panamericana Sur en la provincia de Caravelí (Arequipa), como parte de una huelga indefinida en rechazo a la reciente ley que elimina el proceso de formalización minera.
La protesta, liderada por la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, ha paralizado el tránsito a la altura del kilómetro 601, en el distrito de Chala, así como en el puente Ocoña.
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La medida ha generado más de dos kilómetros de congestión vehicular en ambos sentidos, con buses interprovinciales, camiones y vehículos menores completamente varados.
Según información del coronel Fernando Portugal, jefe de la División Policial de Arequipa, los manifestantes están otorgando treguas de una a dos horas para permitir el paso temporal de los vehículos, pero se prevé que el bloqueo se mantenga al menos hasta el martes con nuevos intervalos de cierre.
“Se están organizando para pasar la noche en la carretera. Han traído frazadas y alimentos”, dijo Portugal a RPP.
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Pese al conflicto, el Gobierno oficializó este domingo la ampliación del plazo del proceso de formalización minera en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por seis meses más. El Decreto Supremo N.º 012-2025-EM, firmado por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, precisa que la extensión aplica solo para mineros con inscripción vigente o suspendida por un periodo menor a un año, hasta el 30 de junio de 2025.
Sin embargo, los gremios mineros consideran que esta ampliación es insuficiente y exigen la derogatoria de la ley que elimina definitivamente la posibilidad de incorporarse al proceso de formalización. Alegan que miles de pequeños productores quedarán al margen de la ley, criminalizados por una actividad que -aseguran- constituye su única fuente de sustento.
El tránsito en la zona sur del país sigue seriamente afectado y se espera que las movilizaciones continúen, a menos que se instale una mesa de diálogo con el Ejecutivo y el Congreso. Mientras tanto, transportistas y viajeros viven horas de incertidumbre en la carretera.