La comisión de Justicia del Congreso aprobó, por mayoría, un dictamen que modifica el Código Procesal Penal para crear el delito de “ecocidio”.
La norma en mención se aprobó con 14 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones.
El dictamen incorpora el artículo 305-A del Código Penal para precisar que comete delito de ecocidio aquella persona que, a sabiendas, provoque, realice u omita actos que causen daños graves que sean extensos o irreversibles al ambiente o a sus componentes, a la calidad o la salud ambientales o a la integridad de los procesos ecológicos.
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Del mismo modo, se precisa que un daño grave es aquel que causa cambios adversos, perturbaciones o daños notorios en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, incluidos los impactos graves a la vida humana, vida animal y vegetal, los recursos naturales, culturales o económicos.
“Daño extenso (es) aquel que se extiende más allá de una zona geográfica limitada, rebasa las fronteras estatales o afecta a la totalidad de un ecosistema o a la totalidad de una especie”, se lee en el texto.
También se estipula que un daño irreversible solo puede ser mitigado a través de procesos naturales de recuperación durante un periodo prolongado.
Aquella persona que cometa este delito “será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años”, así como se le impondrá 365 a 730 días multa e inhabilitación.
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Rechazan proyecto para sancionar a jueces y fiscales
En otro momento, la comisión de Justicia, que preside el legislador de Perú Libre (PL), Isaac Mita, mandó al archivo el dictamen que plantea modificar la Ley de Carrera Fiscal, Ley de Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para ampliar las faltas y sanciones aplicables a jueces y fiscales, al no lograr los votos suficientes para su aprobación.
En dicha propuesta se planteaba, entre otras cosas, la sanción de destitución para los jueces que acusaron sin prueba alguna o por haber acusado o intervenido en casos donde está impedido o prohibido por ley.
El grupo de trabajo también rechazó la iniciativa que buscaba modificar el Código Penal para precisar la persecución penal de los delitos de colusión y de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.
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