Los policías no protegieron a los trabajadores del yacimiento arqueológico cuando desbloquearon el camino a la zona, que había sido cortada por los invasores con piedras y árboles, ni tampoco luego hicieron ademán de imponerse sobre las personas a desalojar, según relató la Zona Arqueológica Caral. (Foto: Ministerio de Cultura)
Los policías no protegieron a los trabajadores del yacimiento arqueológico cuando desbloquearon el camino a la zona, que había sido cortada por los invasores con piedras y árboles, ni tampoco luego hicieron ademán de imponerse sobre las personas a desalojar, según relató la Zona Arqueológica Caral. (Foto: Ministerio de Cultura)

Uno de los complejos arqueológicos de Caral, la civilización más antigua de América, continuará invadido parcialmente por presuntos traficantes de tierra que han atacado y amenazado de muerte a los arqueólogos que investigan en la zona, catalogada como patrimonio de la humanidad por la Unesco.

Así lo denunció en un comunicado la Zona Arqueológica Caral (ZAC), cuya directora, Ruth Shady, lamentó que el desalojo programado para el pasado viernes fuese suspendido hasta el 31 de mayo ante la aparición en la zona de un grupo de 60 hombres con actitud violenta y armados con machetes.

En el frustrado intento de desalojo del pasado viernes, la oficina encargada de investigar Caral manifestó su “profunda extrañeza y preocupación por la tolerancia y pasividad” de la Policía, que participaba en la diligencia con 106 agentes.

Los policías no protegieron a los trabajadores del yacimiento arqueológico cuando desbloquearon el camino a la zona, que había sido cortada por los invasores con piedras y árboles, ni tampoco luego hicieron ademán de imponerse sobre las personas a desalojar, según relató la ZAC.

Incluso el jefe de campo de Caral, Daniel Mayta, fue agredido por Pablo Mejía, uno de los invasores de la zona, quien lo atacó violentamente junto a otros individuos armados con palos para propinarle golpes en la cabeza, piernas y espalda, lo que ha llevado al arqueólogo a denunciarles por intento de homicidio.

Lejos de cumplirse lo dispuesto en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Perú emitida en el 2016, el juez César Macedo, el procurador (abogado del Estado) Henmer Alva y el abogado de los invasores acordaron aplazar cinco meses el desalojo.

Esto aumenta las posibilidades de que los invasores continúen dañando evidencias arqueológicas de la civilización Caral, que se desarrolló hace 5,000 años a unos 150 kilómetros al norte de Lima, de manera coetánea a otras grandes culturas antiguas como Mesopotamia, Egipto, China y Tiahuanaco.

Los invasores se han apoderado ilegalmente de un sector del complejo de Chupacigarro, uno de los doce centros urbanos que son investigados por los arqueólogos a lo largo de todo el valle del río Supe, la región en la que floreció esta civilización pionera en América.

Los edificios de Caral fueron declarados patrimonio de la humanidad por la Unesco en el 2009, y desde entonces se estableció un área protegida e intangible de 66 hectáreas, rodeada de otra zona de amortiguamiento de más de 14,000 hectáreas para cuidar también el entorno de los vestigios arqueológicos.

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