
En un contexto donde el sector de transporte urbano acató un nuevo paro con el objetivo de que el Congreso y el Poder Ejecutivo pongan freno a la inseguridad ciudadana, desde el Legislativo se cocina una propuesta que apunta a un “alivio económico”.
A través del proyecto de ley N° 10825/2024-CR del congresista Gustavo Cordero Jon Tay, se aplicará una amnistía a las multas de tránsito cometidas por conductores particulares o choferes del servicio de transporte público terrestre de personas y mercancías, así como los de vehículos menores.
Dicha condonación se aplicará para las infracciones de tránsito cometidas desde el 16 de marzo de 2020 hasta la entrada en vigencia de la presente ley.
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Sin embargo, solo accederán al beneficio los conductores que no cuenten con antecedentes de reincidencia en infracciones similares en los 12 meses previos.
Se excluirá del otorgamiento de la amnistía a las infracciones tipificadas como “muy graves” y las vinculadas accidentes de tránsito o que hayan ocasionado daños a la integridad y vida de otras personas.
Transportistas en contra: “Amnistía de multas no es la solución”
Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, cuestionó la medida y la cataloga como “una respuesta no acorde con el momento”, ya que la principal preocupación de los hombres y mujeres del volante es “salir a trabajar sin miedo a morir”.
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“Todo tiene su momento. Queremos ahora seguridad y que no nos sigan asesinando. Con esta amnistía, ¿un compañero o hermano asesinado se va a alegrar? No es la solución que buscamos", dijo a Gestión.
Campos instó al Congreso tomar cartas en el asunto y derogar leyes que limitan la lucha contra la inseguridad ciudadana, por ejemplo, la ley 32108 (que modifica la definición de crimen organizado), ley 32107 (prescripción delitos lesa humanidad) y ley 32130 (que faculta a los acusados impugnar el auto de enjuiciamiento que dispone el inicio del juicio oral de un caso).