Aldo Vásquez ha solicitado que la fecha de la audiencia sea reprogramada al argumentar que ha solicitado ejercer su defensa, pero no ha obtenido respuesta positiva. (Foto: Britanie Arroyo / GEC)
Aldo Vásquez ha solicitado que la fecha de la audiencia sea reprogramada al argumentar que ha solicitado ejercer su defensa, pero no ha obtenido respuesta positiva. (Foto: Britanie Arroyo / GEC)

, integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), informó que han solicitado al (TC) que pida opinión técnica y no vinculante a la Comisión de Venecia respecto a la demanda competencial del al Poder Judicial.

“Los miembros de la JNJ estamos solicitando, con el mayor respeto y la mayor consideración, como procuramos hacerlo siempre al Tribunal Constitucional, que pida la opinión técnica, la opinión no vinculante de la ”, sostuvo en Exitosa.

Vásquez explicó que el TC tiene la potestad de solicitar la opinión al órgano consultivo internacional antes de pronunciarse sobre este tema, al considerar que debe “verificar previamente estándares internacionales sobre la materia, porque en el Perú se está abusando de las demandas competenciales”.

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Como se recuerda, para este miércoles 10 de julio está programado la audiencia del Pleno del TC para analizar y debatir la demanda competencial interpuesta por el Congreso contra el Poder Judicial por la inhabilitación de dos miembros de la JNJ.

Pide cambiar fecha

Asimismo, Aldo Vásquez indicó que ha solicitado que la fecha de la audiencia sea reprogramada al argumentar que ha solicitado ejercer su defensa, pero no ha obtenido respuesta positiva.

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“Estoy yo personalmente en un estado de absoluta indefensión, porque se quiere decidir sobre mis derechos fundamentales sin ser escuchado, sin que siquiera se me haya notificado sobre mi participación o no en sede del TC”, agregó.

La demanda competencia presentada por el Congreso contra el Poder Judicial se da a raíz de la medida cautelar que ordenó la reposición de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez en la JNJ, luego que el Pleno decidiera inhabilitarlos por 10 años para el ejercicio de la función pública por supuestamente haber infringido la Constitución.

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