La Asociación para el fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) aclaró a través de un comunicado el objetivo y la naturaleza de los peajes, ya que aseguró que se viene desinformando respecto a dicho tributo.
Recordemos, que Rutas de Lima dio a conocer que aumentará, desde el 30 de enero, el cobro de peaje de S/ 6.50 a S/ 7.50. El concesionario argumentó que el último incremento se realizó el pasado 2022, y que en el marco de la inflación que se vive en el país, se realizará un ajuste correspondiente.
Dicha modificación provocó que el gobierno decidiera crear un peaje social en algunas zonas de Lima para que la economía de población no se vea afectada ante el incremento del precio del peaje anunciado por Rutas de Lima.
Tras ello, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se mostró en contra del peaje social y dijo que se opone a “darle subsidio a una empresa corrupta” refiriéndose a Rutas de Lima.
Ante dicha situación, AFIN recordó a la población sobre la importancia de los peajes, en el cual destaca lo siguiente:
- Las tarifas de peaje se encuentran establecidas en todos los contratos de concesión viales al ser la forma de repagar la inversión, así como para la operación y mantenimiento de las vías concesionadas.
- Sin inversión no es posible tener vías modernas que incluyen la construcción de túneles, calzadas, viaductos, pavimento, centros de operaciones para monitoreo y gestión permanente, así como brindar el mantenimiento respectivo para evitar que las vías se deterioren y servicios como auxilio con ambulancias y atención vial a todos los usuarios de las vías, entre otros como la atención ante derrumbes y deslizamientos.
- El reajuste de tarifas de peaje, cuya fórmula la determinó el Estado en cada contrato de concesión vial, responde a la necesidad de reajuste por inflación, es decir mantiene el poder adquisitivo del repago de la inversión a lo largo del tiempo. Los contratos de concesión son de largo plazo. Cuando se inició el primer contrato de concesión vial, en 2003, el índice de precios al consumidor era 47% menor que en 2023; es decir, para seguir comprando lo mismo, cada año se gasta más porque los precios aumentan. Teniendo en cuenta este aspecto, las tarifas luego de 15 o 25 años no pueden ser las mismas del primer año de concesión, porque el poder adquisitivo de cada sol es mermado anualmente por la inflación.
- En el caso de las vías alternas, precisamos que, si las mismas no han sido pactadas en los contratos, su ejecución es responsabilidad de los concedentes. En los casos de las obras pendientes de ejecución, en la mayoría de los casos, los retrasos obedecen a que los concedentes no han hecho entrega de las áreas de terreno libres de interferencias para que el concesionario cumpla con su ejecución. Este es un problema que se alerta año tras año.
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El cierre de brechas
Por otro lado, AFIN resaltó que el Ministerio de Transporte y Comuncaciones (MTC) acaba de encargar a ProInversión la concesión de 21 corredores viales de 6,396 km para operarlas y mantenerlas, adicionales a otros proyectos viales en proceso, los cuales se viabilizarán a través de la fijación y cobro de una tarifa de peaje.
Asimismo, recordó que existe una mejora sustantiva en el mantenimiento y operación de las vías concesionadas en comparación a la década del 80 cuando muchas carreteras – gestionadas por el Estado - estaban en pésimas condiciones, generando desperfectos en los vehículos y que el tiempo de traslado a cualquier destino tomara el doble que en la actualidad.
También, contó que falta pavimentar el 16.4% de las vías nacionales, 81.8% de las departamentales y el 97.2% de las vecinales. El presupuesto público es insuficiente para culminar su pavimentación.
Por lo tanto, afirmó es necesario convocar al sector privado para cerrar esa brecha y para ello es fundamental respetar los contratos firmados. Sin seguridad jurídica no es posible generar mayor inversión privada.
Clave
Hoy existen 18 contratos de concesión viales a nivel nacional que representan el 25% de la vía nacional.
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