La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN, en representación de los operadores de servicios de telecomunicaciones móviles asociados, expresó su preocupación por la creciente problemática de seguridad ciudadana que afecta a todos los peruanos, especialmente en lo relacionado con el fraude en la contratación de servicios públicos móviles, independientemente de dónde se realicen.
“Conscientes de que esta situación debilita los esfuerzos de formalización del sector, los operadores móviles - continuando con la ejecución de medidas que contribuyan con la seguridad - plantean las siguientes medidas concretas, orientadas a reforzar la trazabilidad, la fiscalización y la corresponsabilidad entre todos los actores del ecosistema digital”, expresó.
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Añadió que algunas de las cuales ya han empezado a ejecutar:
Revalidación presencial de la base de clientes prepago, personas naturales sin negocio, que registren más de 10 líneas móviles a su nombre, con apoyo de Reniec.
Baja o suspensión de líneas móviles prepago inactivas, que no hayan generado tráfico de voz o datos ni realizado recargas en un plazo de tres meses.
Para evitar la reventa de chips activados, proponer a OSIPTEL que regule la desactivación de chips que no presentan tráfico ni recargas en un plazo mínimo.
Geolocalización del vendedor, con bloqueo de ventas que se intenten realizar fuera del punto de venta autorizado.
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Establecer una solución técnica confiable e interoperable (API) con la integración de software por parte de MIGRACIONES para verificación biométrica de huella dactilar y facial de extranjeros.
AFIN sugiere la geolocalización del vendedor, con bloqueo de ventas que se intenten realizar fuera del punto de venta autorizado. (FOTO: OSIPTEL)
En esa línea AFIN consideró indispensable que este esfuerzo sea coordinado y compartido por todos los integrantes del ecosistema digital, RENIEC, INPE, MIGRACIONES, la Autoridad de Datos Personales, INDECOPI, el sector bancario y financiero, incluyendo autoridades tales como el Poder Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, Ministerios relacionados, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, Municipalidades, entre otros, conjuntamente con operadores, distribuidores y ciudadanía para implementar una estrategia con el fin de mejorar la confianza digital y ciberseguridad entre lo público y privado de forma inmediata. Sin ello, estas medidas serán insuficientes.
