En medio del incremento de la inseguridad ciudadana en el país, uno de los sectores que vienen siendo afectados es la minería. Precisamente, son al menos 10 los delitos los que amenazan a la industria minera en el país.
Así lo advirtió el director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, Nicolas Zevallos, durante su participación en el evento “Jueves Minero”, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
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“Lo importante en esta discusión es que cuando miramos este marco jurídico y penal, y no estamos hablando nada más de minería ilegal, de unas cuantas personas, sino hablamos de 10 delitos, 52 manifestaciones y de 21 tipos penales que están siendo abarcados por estos fenómenos”, indicó.
El experto en seguridad pública explicó que las actividades del crimen organizado como amenaza de la minería formal incluyen la invasión de concesiones mineras, el robo de minerales, cargamentos en rutas de transporte, de maquinaria, equipamiento y dinero, así como la extorsión a empleados, las propias empresas y contratistas mineras.
En ese sentido, consideró que es importante que las autoridades miren este catálogo específico de delitos para que se oriente estratégicamente la persecución penal y así tener una respuesta efectiva contra la criminalidad.
“Y cuando volteamos a mirar cómo estamos equipando de capacidad de respuesta al Estado para que pueda hacer seguimiento a estos tipos penales. ¿Cómo está la Fiscalía, la PNP capacitada para esto?”, cuestionó.
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Pequeños y medianos mineros: los más vulnerables
En otro momento, Zevallos advirtió que el crimen organizado que se infiltra en la cadena de suministro de la industria minera tiene en la mira a las pequeñas y medianas empresas de la industria minera por la menor capacidad de vigilancia y de recursos para poder protegerse, por los que lo convierte en los más vulnerables del sector.
“Encontramos robos y hurtos en zonas de extracción, de procesamiento, rutas de transportes, extorsión y cobros de cupos a trabajadores de minas, empresas mineras, sobre todo, a las pequeñas y medianas, o a sus proveedores”, aseveró.
A su juicio, la falta de un enfoque integral y la escasa presencia del Estado hace que las empresas mineras dependan de la seguridad privada.
Por ello, resaltó que es mucho más fácil extorsionar a un informal que a una gran empresa, porque si denuncian no van a saber explicar de dónde viene el mineral.
Finalmente, Zevallos alertó que el alza de los precios del oro empuja que la inseguridad ciudadana siga avanzando en el país.
“Existe relación entre los altos precios del oro y el crecimiento de la inseguridad ciudadana. El actor criminal es uno que busca rentabilidad y va a ser de interés porque efectivamente lo que están buscando es negocio”, dijo.
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