Ingreso libre a universidades públicas, tres expertos analizan su viabilidad y consecuencias

“Los jóvenes al terminar la secundaria tienen que tener la gran oportunidad de tener el derecho libre a las universidades como derecho constitucional”, dijo el pasado domingo.

Cabe precisar que la última frase -respecto a la educación- es falsa ya que la actual Constitución política sí concibe a la educación como un derecho constitucional, específicamente en el artículo 13 en la que se expresa que el “Estado la reconoce y garantiza la libertad de enseñanza” y en el articulo 16 se indica que “el Estado deber asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas”.

Además de ello, ¿es factible que las universidades públicas reciban a cerca de 400,000 alumnos que cada año salen del colegio sin un examen de admisión?

Daniel Alfaro, exministro de Educación, explicó que si lo que se busca con la propuesta es que los jóvenes estén preparados para atender la demanda laboral, lo primero que debería analizar es sí el mercado laboral demanda más a jóvenes con preparación universitaria o con preparación técnica.

“De acuerdo a la evidencia, lo que más demandan las empresas son a jóvenes con capacidad técnica. Según el Estudio Demanda Ocupacional del MTPE, los empleadores refieren que del total de su fuerza laboral, solo el 30% deberían tener estudios superiores, de los cuales el 80% debe ser técnico y el 20% universitario”, detalló.

Ante ello -precisó- que con esta data, la propuesta de Castillo no se condice con la efectiva demanda laboral que existe en el mercado peruano, que pide más personal técnico.

A lo que se suma que, de ponerse en práctica, demandaría grandes inversiones en las universidades públicas con la finalidad de absorber esa matrícula. De todos los egresados de secundaría (cerca de 400,000 según el Minedu), acotó que solo el 35% ingresan a la educación superior ya sea técnico productiva, tecnológica, pedagógica, artística o universitaria.

“Para que todos tengan una vacante se tendría que hacer una inversión en la oferta formativa lo que excedería la capacidad financiera del Minedu”, agregó.

Otro dato que se debería tomar en cuenta es cómo está conformada hoy la matrícula en la educación superior: 66% está en universidades y 34% en carreras tecnológicas y tecnológicas productivas, cuando la demanda ocupacional es por técnicos.

“Se está perdiendo la oportunidad de darle más inversión a la educación técnica superior y técnico productiva, es decir, a los institutos y a los Cetpros. Si queremos una recuperación económica, tenemos que mejorar nuestra productividad. La educación técnica permite en menos tiempo, tener las competencias específicas para una inserción laboral”, puntualizó.

En tanto Idel Vexler, también exministro de Educación, calificó a esta propuesta como inconveniente e inviable, ya que para ello tendría que haber “una ampliación muy grande a la cobertura de las diversas carreras profesionales que ofrecen las universidades públicas en el Perú, lo cual implica un presupuesto muy grande y tiempo para implementarlo”.

Una clara muestra de ello es -por ejemplo- la UNMSM que en marzo del 2020 ofreció 4,478 vacantes distribuidas entre sus 66 carreras profesionales. En aquella ocasión postularon 15,385 jóvenes, lo que implica que apenas el 30% de sus postulantes obtuvo una vacante.

Agregó que desde el punto de visto educativo, formativo y pedagógico “sería un gravísimo error” debido a que la propuesta está vinculada a convertir los tres últimos años de secundaria en academias preuniversitarias. “Esto afectaría el carácter formativo que tiene la Educación Básica Regular, que comienza en inicial sigue en primaria y concluye en secundaria, así como el desarrollo de una consistente formación para lograr los propósitos educativos que hay que lograr en los últimos años de estudios”.

Estos -añadió- están contenidos en el Proyecto Educativo Nacional, que tiene como objetivo promover un óptimo desarrollo educativo desde la primera infancia. En la misma se indica que los estudiantes de secundaria deben lograr ser saludables física, mental y socialmente. También que deben aprender hacer ciudadanos con valores así como ser productivos e innovadores y generarse un proyecto de vida.

“La conversión de tres grados en academias preuniversitarias distorsionaría la formación de personas que el mundo contemporáneo requiere. Tampoco se trata de ingresar por ingresar a la universidad, sin esfuerzo. Por el contrario, los alumnos tienen que tener las condiciones socioemocionales y cognitivo intelectual de acuerdo a su capacidades e intereses para postular a una carrera”, mencionó.

-Universidades privadas-

¿Qué pasaría si esta propuesta (de ingreso libre) se extiende a todas las universidades, inclusive a las privadas? ¿tendrían capacidad para acoger la demanda?

Al respecto el miembro del Comité Estratégico de Educación de IPAE, Gonzalo Galdos, consideró que en el hipotético caso se eliminen los procesos de admisión para todas las universidades -incluyendo las particulares- y estén obligadas a aumentar el número de vacantes que ofrecen cada año les será “imposible acoger a toda la demanda”.

“Tomándose en cuenta -agregó- los estándares que ha fijado la Sunedu a través de las Condiciones Básicas de Calidad en las que se especifican cuántos alumnos hay por aula o en los pabellones. Por tanto, es inviable que se pueda habilitar esta capacidad adicional”.

Si se amplia la propuesta -adicionalmente- se impactaría en los estándares de calidad fijadas por la Sunedu.

A su vez -subrayó- demandaría la realización de procesos de nivelación masivos para poder compensar la baja calidad de la educación pública.

“Este es el principal problema que afronta la educación básica y que no se ha abordado a profundidad por los candidatos: la baja calidad de la educación pública”, indicó.

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