:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/RYANAMOVOBGB5MZL6IPAUYT54Q.jpg)
Únete al canal de Gestión
El congresista del partido Acción Popular, Jhaec Espinoza Vargas, presentó el Proyecto de Ley N°137-2021 que busca establecer un plazo de emergencia de dos años para las universidades privadas asociativas no licenciadas para que puedan superar las deficiencias identificadas en el informe técnico de licenciamiento elaborado por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu).
“La presente ley tiene por finalidad, establecer para las universidades privadas asociativas no licenciadas el mismo plazo de dos años que se ha otorgado a las universidades públicas con licencia denegada, para que, alcanzadas las condiciones básicas de calidad, soliciten su licencia institucional; así como evitar actos irregulares”, indica el documento con la propuesta de ley.
Aplicación
Según señala el proyecto de ley, la Sunedu será la que lleve a cargo el proceso de licenciamiento, el cual tendrá como base el reglamento vigente al momento de la presentación inicial de la solicitud de licenciamiento.
En ese sentido, el documento también señala que no se podrán identificar nuevas deficiencias a las que sustentaron la resolución denegatoria.
Sobre el asesoramiento
Con el fin de que se alcance el licenciamiento de las universidades en cuestión, el proyecto de ley propone la conformación de una comisión técnica, para el asesoramiento del Consejo Universitario. Esta comisión debe ser conformada por expertos nacionales o extranjeros con no menos de cinco años de experiencia acreditada en áreas de calidad, acreditación, licenciamiento, planificación o planeamiento estratégico.
“Esta comisión de expertos será nombrada con resolución del Consejo Universitario, la misma que contendrá la designación de su presidente y su secretario, con conocimiento de la SUNEDU, la misma que verificará la información remitida”, señala el documento.
Cese de actividades
La propuesta de Acción Popular señala que, a la entrada en vigencia de la ley, se cesan las funciones del Rector y los Vicerrectores que se encuentren en ejercicio del cargo y que, como resultado de su gestión, se obtuvo la negativa en la licencia.
Ante ello, según el documento, el rectorado principal sería ocupado por el profesor principal de mayor antigüedad con el grado de doctor y los vicerrectorados por los profesores con el mismo grado por orden de prioridad.
