(Foto: USI)
(Foto: USI)

La Contraloría notificó al Ministerio del Ambiente -en su calidad de ente rector a nivel nacional de la gestión y manejo de la basura- los resultados del operativo de control a 697 municipalidades respecto al recojo de basura, identificando 14 riesgos, de los cuales seis pueden afectar directamente a la salud de la población.

Así, identificó que la mayoría de las municipalidades vienen dejando la basura en lugares no autorizados, lo que afecta la salud de las personas y degrada el ambiente, específicamente 579 municipalidades acumulan los residuos sólidos que recolectan en lugares no autorizados o botaderos.

Mientras que solo el 118, lo dispone en un relleno sanitario. Para la  Contraloría la creación de focos infecciosos expone la salud de las personas que viven y transitan alrededor, prolifera plagas y contamina el ambiente. Asimismo, recordó que el uso de botaderos contraviene la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos que prohíbe el abandono, vertido o disposición de residuos en lugares no autorizados.

La Contraloría también detectó la presencia de basura hospitalaria entre los residuos sólidos, la que afectaría la salud del personal de servicio de limpieza pública y la población adyacente, además de contaminar el medio ambiente.

En concreto, encontró 28 casos en los cuáles se advirtió la existencia de bolsas rojas con residuos sólidos peligrosos provenientes de establecimientos de salud mezcladas con los residuos municipales, lo que pone en riesgo tanto a los trabajadores que recolectan la basura como a los recicladores que manipulan constantemente los desechos.

El mismo escenario se observó en municipalidades de la región Amazonas (7), Áncash (5), San Martín (3), Arequipa (3), Piura (2), Moquegua (2), Huánuco (1), Cajamarca (1), Cusco (1), La Libertad (1), Madre de Dios (1) y Tacna (1).

El órgano de control también halló que algunas municipalidades no cuentan con plan de rutas para la recolección de basura y otras no se encuentran articuladas con sus planes de gestión de residuos sólidos, lo que generaría ineficacia e ineficiencia en el servicio de limpieza pública y uso de los recursos públicos.

En total, 525 municipalidades (75%) no cuentan con un plan de rutas para el recojo de residuos sólidos. Se identificó, además que 52 municipalidades tienen dicho plan pero no están articuladas con sus planes de residuos sólidos.

La Contraloría encontró que 491 municipalidades (70%) identificaron puntos críticos de acumulación de residuos sólidos, de los cuales 107 no han determinado una frecuencia de recojo. Asimismo, 492 municipalidades no cuentan con un programa de supervisión del servicio.

"La falta de atención a este problema generaría la creación de botaderos improvisados y expondría la salud de quienes transitan por esos lugares", refirió el órgano de control.

También detectó que  algunas municipalidades no garantizan el servicio de limpieza pública en zonas rurales y urbanas, lo que pondría en riesgo la salud de la población al estar expuestos a focos infecciosos, así como el deterioro del medio ambiente.

Se identificó que el 43% no brinda el servicio en zonas rurales (302 de 697) y el 2% de las municipalidades no brinda el servicio de limpieza pública en la zona urbana (15 de 697).

Y por último que el personal encargado de la recolección, transporte y disposición final de la basura no cuenta con equipos de protección personal, exámenes médicos ocupacionales, vacunas y seguro complementario de trabajo de riesgo, lo que afectaría su salud y la seguridad de los mismos.

En concreto, se identificó que en 213 municipalidades (31%) no se entrega equipos de protección personal a sus trabajadores de limpieza pública que están en riesgo de accidentes de trabajo y enfermedades. Asimismo, en 578 municipalidades (83%) no ha pasado por exámenes médicos ocupacionales, 533 (77%) no gestionó la aplicación de la vacuna antitetánica y 80% no contrató seguro complementario de trabajo de riesgo.

Otros riesgos identificados son la carencia de Estudios de Caracterización de Residuos Sólidos (36%), falta de Planes de Gestión (34%), así como la no difusión de las frecuencia de recolección (37%), entre otros.

Ante la problemática identificada, la Contraloría convocará la participación de las instituciones competentes y vinculadas para exponer los detalles de los problemas y riesgos evidenciados, con el propósito de impulsar medidas correctivas y políticas públicas que contribuyan a mitigar los hechos expuestos por el bien de la ciudadanía.