¿Y si son inocentes?

1.¿Qué tienen en común la Controlaría General de la República (CGR), la Fiscalía y la prensa en nuestro país? Entre otros objetivos, estas instituciones buscan combatir la corrupción y muchos de los que trabajan en ellas buscan progresar profesionalmente identificando y promoviendo la sanción de aquellos que infringen la ley, sobre todo de los que trabajan en el sector público. Hasta aquí, todo muy bien.

2. Desgraciadamente, también tienen en común el hecho de que no se hacen responsables por los daños que causan a personas inocentes acogiendo o promoviendo denuncias sin sustento; tampoco miden las consecuencias negativas de sus actos para la economía y la sociedad como un todo; y, en la práctica, no son sujetos de sanciones ni están obligados a hacer reparaciones por los daños individuales y públicos que generan.

3. En los últimos cinco años, he escrito algunos artículos de cómo las acciones de la CGR y de la Fiscalía contribuyen a la parálisis del sector público y a la ralentización de la economía. La estructura de incentivos que condiciona la toma de decisiones en el Estado es perversa.

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La mayor parte de los funcionarios públicos gana poco al tomar decisiones, pero puede perder mucho si la CGR o la Fiscalía consideran que estas decisiones deben ser investigadas y los funcionarios sancionados. En cambio, no decidir trae pocas consecuencias personales, pero puede ser nefasto para la sociedad.

4. Parafraseando artículos anteriores: “La Contraloría y la Fiscalía parecen no entender que los funcionarios públicos tienen que tomar decisiones bajo incertidumbre y con información incompleta y que, a veces, se equivocan. En la práctica, estas instituciones han prohibido equivocarse por acción (no por omisión), bajo amenaza de denuncia penal. Y lo que han logrado es trabar al Estado, nada más.”

5. Es bueno centrarnos en esta última aseveración. Si estas instituciones no han logrado prevenir o reducir la corrupción, pero con su actuar han llevado a la inacción de los funcionarios públicos y, por lo tanto, del Estado, entonces hay algo que está muy mal, algo que deberíamos enfrentar, en vez de soslayar.

6. Preguntémonos: ¿cuán eficientes han sido en lograr sus objetivos? ¿Han logrado disuadir efectivamente la corrupción? ¿Están la CGR y la Fiscalía utilizando eficientemente los recursos a su disposición? Resulta indispensable revisar a fondo los actuales métodos de control y de fiscalización, haciendo un análisis costo-beneficio de los mismos.

¿Cuáles son los indicadores clave de desempeño (KPI) de estas instituciones? ¿Acaso miden su progreso por el número de denuncias hechas o acogidas? Resulta evidente que hay muchas cosas por mejorar cuando la CGR pide cada vez más recursos para hacer más de lo mismo, cuando la Fiscalía acoge cientos o miles de denuncias que no tienen ni pies ni cabeza y la Procuraduría apela toda decisión fiscal que archiva una denuncia.

7. Veamos algunos datos: entre el 2014 y el 2023, el presupuesto del Ministerio Público más que se duplicó, mientras que el de la CGR se triplicó. Su personal también creció significativamente; por ejemplo, el número de fiscales aumentó en más de 50% entre el 2014 y el 2021.

En este último año, ingresaron más de 15,000 denuncias al Ministerio Público por delitos de corrupción de funcionarios. ¡Pareciera que estamos plagados de delincuentes! Sin embargo, la mayor parte de las denuncias resueltas por la Fiscalía terminan en archivamiento, pero solo después de que los denunciados han pasado por un vía crucis, cuyo costo nunca les será reparado.

8. El sistema no funciona. El costo en que estamos incurriendo es enorme; y no me refiero solo al presupuesto destinado a estas instituciones, sino a las consecuencias de su comportamiento: funcionarios temerosos e inoperancia del aparato estatal.

Esta estructura de incentivos genera pánico a firmar en los funcionarios públicos y, además, tiene el efecto de alejar del Estado al talento humano que tanto se necesita.

9. El resultado de un sistema de control y fiscalización con los problemas aquí señalados –a pesar del importante progreso registrado en algunos campos– no es solo la aparente indolencia del Estado y la ralentización de la economía (¡cómo si esto fuera poco!), sino el enorme daño que se causa a un sinnúmero de peruanos inocentes, cuyo único pecado fue trabajar en el aparato público y tomar decisiones de buena fe sobre la base de la información disponible.

Cuando, sin mayor sustento, se les abre un proceso de investigación, en la práctica se los está sancionando. Se les impone una “sanción social”, que es muchas veces irreparable: no solo se les cierran oportunidades de trabajo, sino que se los somete a un daño moral por el cual nadie se hace responsable.

10. Y para terminar, hablemos de la prensa, del cuarto poder y de su rol en todo esto. En un país donde muchos periodistas hacen caso omiso de la presunción de inocencia y confunden la libertad de expresión con el libertinaje de la prensa, en la práctica se han convertido en fiscales con poder sancionador, que no enfrentan mayores consecuencias por dañar la honra de los inocentes que presumen culpables.

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