Quizá el peruano promedio no sabía quién era José María Balcázar hasta que el Congreso decidió convertirlo en presidente interino. Incluso hoy, en medio del proceso electoral, su figura ha sido prácticamente anónima. No muestra incidencia real en el debate público ni en la orientación de las decisiones de política pública. Es claro que la suya fue una designación funcional: alguien que, en los hechos, ha terminado operando dentro de los márgenes que otros le fijan, más reactivo que conductor.
El episodio de la compra de los aviones F-16 lo ilustra. Mientras Balcázar sostenía que la decisión debía recaer en el próximo Gobierno, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que el MEF realizaría el pago comprometido. En paralelo, la Presidencia del Consejo de Ministros avanzó en la misma línea. Más que una discrepancia puntual, lo ocurrido evidenció quién define y quién ejecuta. El resultado fue una señal clara de ausencia de conducción presidencial visible y de pérdida de control sobre decisiones estratégicas.
Este no es un hecho aislado. Las actas del Consejo de Ministros, reveladas por Punto Final, muestran una participación mínima del jefe de Estado: una sola intervención en 18 sesiones, incluso en contextos críticos. Desde Palacio se ha señalado que dichos documentos no permiten concluir que el presidente no haya ejercido su rol y se ha destacado su presencia en regiones. Sin embargo, la evidencia disponible apunta a una dinámica en la que la figura presidencial no aparece en el centro de la toma de decisiones ni en la articulación política del Gabinete.
En paralelo, la relación con el Congreso confirma un esquema en el que el Ejecutivo actúa condicionado. Las iniciativas, los tiempos y, en algunos casos, las decisiones sustantivas terminan definidos fuera del despacho presidencial. La controversia por los F-16 no solo evidenció discrepancias internas, sino también la capacidad del Legislativo para marcar el rumbo en un tema estratégico, con un Ejecutivo que acompaña o corrige sobre la marcha, sin capacidad de imponer agenda propia.
El resultado es un Gobierno donde la coordinación es irregular y la conducción política se diluye entre distintos actores. En un contexto de inseguridad creciente, el país enfrenta un Gobierno de transición que no decide en asuntos urgentes: la seguridad no muestra mejoras y las decisiones clave se postergan o se trasladan a otros niveles. Así, más que un problema de estilo o de coyuntura, lo que queda expuesto es un vacío de conducción en el nivel más alto del Estado, con costos concretos para la gobernabilidad.
