Socio Estudio Muñiz
Estamos por terminar el primer trimestre de 2023, cuarto mes de Gobierno de la señora Dina Boluarte, con dos ministros de Trabajo a la fecha.Las proyecciones de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) vienen a la baja, según lo ha sostenido Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR) en su reporte de inflación y proyecciones macroeconómicas 2023-2024.
En dicho reporte, ha detallado que el crecimiento del PBI del Perú será de 2.6%, lo que representa una disminución con relación a la proyección anterior de 2.9%. Esto, según el economista, obedece a los efectos negativos de los conflictos sociales y las lluvias en nuestra economía. Una proyección del crecimiento del PBI a la baja implica un menor crecimiento del empleo.
Sobre esto último, el INEI, en su informe técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, había dado a conocer que en el trimestre noviembre-diciembre 2022 - enero 2023, la población ocupada de Lima Metropolitana alcanzó los 5,093,700 personas, incrementándose en 4.8% (231 mil 800 personas), al compararla con igual trimestre del año 2022. En el trimestre indicado, la población con empleo adecuado también se incrementó en 12.5% respecto a similar trimestre del año anterior.
Sin embargo, al compararla con el trimestre noviembre-diciembre 2019-enero 2020, se observa una disminución de 8,0% (- 259 mil 800 personas). Lo señalado evidencia una mejora, pero demuestra que aún estamos lejos de los niveles prepandemia.
Se espera que el plan “Con Punche Perú” genere más de 100,000 puestos de trabajo en el Perú, pero no perdamos de vista que se trata de medidas temporales cuando el gran reto, a nivel estructural, es la reducción de la informalidad que supera el 70% de la Población Económicamente Activa (PEA), para lo cual no se toman medidas concretas.
El lanzamiento del plan “Con Punche Perú: Atención a la emergencia” tiene por objetivo hacer frente a los efectos adversos que los eventos climáticos han generado en la población y economía del país, según afirma el MEF; pero se apunta también a una situación concreta, no abordándose el problema estructural.
Y, como siempre, los empleadores formales se encuentran de lo más ocupados por las obligaciones laborales que usualmente deben cumplir a inicios de año, como el pago de la participación legal en las utilidades a su personal, la comunicación de servicios mínimos en caso de huelga a la Autoridad Administrativa de Trabajo, según corresponda.
Adicionalmente, vienen atendiendo distintas campañas inspectivas emprendidas por una activa Sunafil, que tienen por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones en temas diversos, para lo cual se cursan cartas disuasivas a los empleadores, especialmente en Lima Metropolitana, indagando sobre la elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) o el Supervisor, la cuota de contratación del personal con discapacidad, la contratación de la asistente social, la protección del personal con el seguro de vida ley, el registro de la póliza, etc. En todos los casos, la omisión de respuesta, que debe efectuarse a través de la casilla electrónica habilitada por Sunafil, no acarrea multas sino la incorporación del empleador en una “lista preferente” para iniciar un procedimiento inspectivo. Todos estos pedidos exigen que los empleadores den una mirada interna al cumplimiento laboral, pues existen un sinnúmero de obligaciones, procedimientos, que en lo laboral deben cumplir.
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Es conocido que Sunafil tiene un rol preponderante en la reducción de la informalidad laboral, pero, ¿con este tipo de campañas se cumple activamente con dicho rol? ¿No se debería enfocar en las empresas informales? No dudamos de la importancia de la verificación del cumplimiento laboral señalado, que también apunta a reducir comportamientos informales en las empresas formales, pero no obviemos al gran bolsón de empleadores informales que no paga la remuneración mínima, no contrata el seguro social; es decir, no solo incumple lo que Sunafil viene verificando durante este trimestre, sino que no cuenta con ninguna protección para su personal.
Adicionalmente, los empleadores vienen apurando el paso para adecuar su estructura a las exigencias que trae consigo el nuevo marco legal sobre teletrabajo, cuyo plazo de implementación vence este 27 de abril. No solo se trata de suscribir un acuerdo que incluye un importante número de disposiciones, sino también verificar que las condiciones de seguridad sean adecuadas para la ejecución de esta modalidad de trabajo a distancia, que se cuente con la conectividad necesaria, entre otras medidas. Una tarea adicional en este trimestre.
El Indecopi, por su parte, ha generado una sensación de inseguridad que no les hace bien a las inversiones, al disponer la suspensión del procedimiento administrativo de eliminación de barreras burocráticas contra el Decreto Supremo que restringió la tercerización, hasta que se resuelva una de las acciones populares que se sigue ante el Poder Judicial.
Si bien ha dispuesto que se mantenga la medida de suspensión de la aplicación de la cuestionada norma, hubiese sido mejor que resolviera el recurso de apelación declarando a la disposición restrictiva como barrera burocrática e ilegal. Esta decisión genera inestabilidad y exige que los empleadores vuelvan a revisar su sistema de contratación de terceros. Más horas invertidas en el tema legal laboral.
Sin duda, este primer trimestre del año no viene con buenas noticias en lo que, a formalidad, crecimiento del PBI o generación de empleo formal se refiere, y además ha traído una serie de tareas en lo laboral, con una autoridad inspectiva muy activa. Mucho que hacer en lo laboral comenzando el año.
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