Escribe: Milagros Maraví Sumar, abogada y miembro de WCD.
El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de Ley al Congreso que crea el Ministerio de Infraestructura (MI), como una alternativa para que las entidades, proyectos y programas del ámbito nacional que se fusionarían trabajen de manera más eficiente, coordinada y predecible. Sin embargo, dada la realidad de la gestión pública en en el país, será inviable sin un servicio civil profesional y sin la reforma del sistema de control.
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Por otro lado, debido a la complejidad de una fusión de entidades, la compatibilidad de las competencias de planificación y supervisoras del MI con las de los entes rectores y con las de los organismos reguladores, el PL prevé etapas de implementación que nos indican que trascendería este Gobierno, lo cual evidencia que un MI no es una solución para lo apremiante.
La brecha de infraestructura y servicios públicos en Perú es visible sin exhibir cifras. Tanto en las ciudades como en el ámbito rural, la pobre infraestructura de transporte público, el limitado acceso al agua y saneamiento y la deteriorada infraestructura pública de salud y educación son la realidad cotidiana de personas que viven con una pobre calidad de vida crónica, ante la falta de sentido de urgencia de nuestros gobernantes.
La brecha está identificada y contamos con los mecanismos para avanzar en el cierre de la misma: hay un Plan Nacional de la Infraestructura Sostenible para la Competitividad y el marco legal peruano permite que las entidades públicas desarrollen infraestructura directamente, o con terceros, a través de la Ley de Contrataciones del Estado, Asociaciones Público-Privadas (APPs), Obras por Impuestos o, más recientemente, con Acuerdos Gobierno a Gobierno; pero no avanzamos a la velocidad mínima indispensable para evitar el deterioro de nuestra calidad de vida y competitividad.
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Propongo afrontar lo inmediato en tres frentes para avanzar en el cierre de brechas mientras se define la creación de un MI:
- Fortalecer el Equipo Especializado de Seguimiento de las Inversiones – EESI (MEF) que a manera de Delivery Unit, identifica los problemas y trabas que afectan el cumplimiento de los cronogramas de la ejecución de los proyectos y, en coordinación con las autoridades competentes de los diferentes niveles de gobierno, diseña alternativas de solución. El Banco de proyectos priorizados para seguimiento incluye 266 proyectos con una inversión total de US$ 118,089 millones de dólares. Sin embargo, dada la capacidad operativa del EESI, solo cuenta con una lista priorizada que, en su última actualización se compone de 30 proyectos con una inversión total de US $ 40,171 millones de dólares en sectores de minería, transporte, energía, agroalimentario y saneamiento, con evidente ausencia de sectores como educación y salud.
- Priorizar la aprobación del DL que amplía la competencia de ProInversión en APPs hasta la permisología, aprobación de EDIs y construcción, etapas en las que se presentan las mayores trabas.
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- Asimismo, del DL que fortalece Cofide para optimizar el financiamiento de proyectos de infraestructura que, no debemos perder de vista, son del Estado.
Esto es urgente y posible.
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