Escribe: Omar Mariluz Laguna, director periodístico de Gestión
El Banco Central de Reserva (BCR) ha sido, desde hace décadas, una de las pocas instituciones peruanas que ha demostrado solidez, independencia y profesionalismo. Sin embargo, en un gesto de soberbia e improvisación, el Congreso de la República ha decidido ignorar su rol y aprobar, sin mayor debate ni análisis técnico, una norma que modifica los diseños de los billetes y monedas del país, imponiendo el escudo nacional y el lema: “Firme y Feliz por la Unión”.
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La Ley 32251, promulgada en enero, introduce cambios innecesarios y contradictorios en la emisión de moneda. El problema central radica en que el Congreso ha legislado sin considerar la opinión del BCR, la entidad encargada de la emisión monetaria según el Artículo 83 de la Constitución. Esta decisión no solo genera confusión, sino también costos innecesarios para el Estado y el sector privado.
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El fallo reciente del Tribunal Constitucional (TC), que ordena al BCR implementar la nueva normativa en la emisión de billetes y monedas, también refleja un preocupante desconocimiento del impacto real de estas decisiones. Antes de esta resolución, dos tribunales en Huancayo ya habían rechazado la modificación, reconociendo la falta de fundamentos sólidos. Sin embargo, la nueva ley ha inclinado la balanza en favor del capricho legislativo.
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El BCR ha expresado su preocupación sobre los costos que implicará esta medida. La fabricación de billetes y monedas es un proceso complejo que involucra licitaciones internacionales, estrictas medidas de seguridad y altos costos logísticos. La imposición del nuevo diseño obliga a modificar máquinas, patrones de autenticación y campañas de información pública. En un momento donde el país enfrenta serios desafíos económicos, gastar millones en un cambio simbólico es un despropósito.
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Además, la imposición del lema “Firme y Feliz por la Unión” es un anacronismo. Según el historiador Carlos Contreras Carranza, este lema nació en la era republicana como una respuesta a la amenaza de desmembración territorial, pero con el tiempo fue sustituido por otros como “Prosperidad y Poder por la Justicia” o “Perú Libre”. No hay una razón de peso para volver a este lema hoy, más allá del deseo de ciertos sectores políticos de imponer una visión particular de la historia.
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El presidente del BCR, Julio Velarde, ha dejado en claro que, aunque la institución acatará la ley, existen serias preocupaciones sobre su aplicación. No se trata solo de cambiar un diseño: modificar el tamaño de las monedas afecta a las máquinas expendedoras, los sistemas bancarios y los mecanismos de autenticación. Se requieren nuevas inversiones en tecnología para prevenir falsificaciones y nuevos mecanismos de información para que la población se adapte a los cambios.
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Este episodio es un reflejo de un problema mayor: la falta de respeto a las instituciones técnicas en el Perú. El BCR ha sido una garantía de estabilidad económica y monetaria en las últimas décadas. Su independencia ha permitido que el país mantenga una inflación baja y una política monetaria responsable. Sin embargo, en lugar de fortalecer su autonomía, el Congreso y el Tribunal Constitucional han decidido imponerle una carga innecesaria, motivada más por simbolismos que por una verdadera necesidad económica o funcional.
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El BCR ha hecho bien en manifestar sus reservas y en advertir sobre los costos de esta decisión. No obstante, la pregunta sigue en el aire: ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que decisiones técnicas sean tomadas por quienes no tienen el menor conocimiento del tema? Si queremos un país serio, debemos respetar a nuestras instituciones y darles el espacio para hacer su trabajo sin interferencias arbitrarias.
Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.
