Talento privado al servicio de la política y la administración pública

Estos últimos dos años, principalmente desde que inició la pandemia derivada de la propagación global de la COVID-19, hemos debido enfrentarnos a muchos desgobiernos y desequilibrios que ciertamente han sido muy difíciles de digerir. Vacancias, caos, desempleo, polarización, crisis, muertes, quiebras: graves problemáticas que han explotado en nuestras narices. No creo equivocarme ni exagerar, y seguramente ustedes compartirán mi mismo sentir, al decir que nos hemos sentido vulnerables y expuestos a estos vaivenes que —esto es lo más injusto y reprochable— no son responsabilidad de la ciudadanía, sino de una clase política que se ha atornillado en el poder con la complacencia de un país que ha quedado enmudecido en su indignación e impotencia.

Hasta marzo del 2020, muchos de los que hoy nos preocupamos por el contexto político del país veíamos la política desde lejos, sin ánimos de unirnos a ella de forma activa. Y es que, lustro tras lustro, hemos permitido que sean las mafias y los grupos de interés subalternos los que decidan el futuro del Perú. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues a mí se me ocurren dos acciones: proponer y participar. Además, que dichas acciones provengan de un liderazgo desde el sector privado. En una economía donde alrededor del 80% de la inversión total es privada, resulta lógico que familias, sociedad civil y empresas adopten cada vez mayor protagonismo en la toma de las decisiones que repercuten en el día a día de todos.

Toca fortalecer el sistema de partidos políticos. Lamentablemente, las maravillas de la tecnocracia económica (responsable del crecimiento de largo plazo que ha atravesado el Perú) nos puso en una zona de confort y nos hizo creer que la política era un ejercicio prescindible y destinado a charlatanes de reputación cuestionable. Así, dejamos que los partidos políticos pierdan solidez y la democracia interna (por ejemplo, las elecciones primarias) le ceda paso a intereses mercantilistas en la conformación de las planchas presidenciales y las listas congresales. Todo este caos, con el transcurrir de los años, ha llevado a que el sistema político no represente a la ciudadanía (o a lo que muchos hoy en día evocan como el pueblo) y que, más bien, ésta termine despreciando a aquel.

En línea con lo anterior, corresponde fortalecer la democracia interna de los partidos. Es un agravio a la salud de los partidos políticos que el Congreso actual haya quitado la obligatoriedad de las elecciones primarias. Eso —sin duda ni murmuraciones— se debe revertir. De este modo, fomentamos la competencia y la meritocracia: postularán aquellos que tengan mejor formación, antecedentes, competencia y propuestas.

Se trata de convocar a profesionales decentes y empresarios de reconocida experiencia a incursionar en política o afiliarse a los partidos de su simpatía. Este es un primer gran filtro para ser evaluados y posteriormente postulados al Congreso y a cargos públicos. En simple, se tienen que crear facilidades para incorporar a un nuevo perfil de profesional en la política y la gestión pública: capacidad de gestión, objetivos medibles y cuantificables, criterios técnicos y evaluación objetiva, visión de mediano y largo plazo. De esto tenemos poco y necesitamos mucho.

Se requiere de un proceso de búsqueda profesional y el desarrollo de perfiles. No se trata de nombrar a personas por la amistad que se les tiene, los aportes económicos que puedan hacer a la campaña o por su destacada participación en las referidas campañas. Personas íntegras suman a sus equipos a personas también íntegras, y que además posean una visión común de país y valores compartidos. Además, hay que mejorar el nivel de salarios de los gestores públicos y las dietas de sus directores, para que estas sean competitivas frente al sector privado y el talento se sienta atraído —no solo por el tema remunerativo que sí importa— sino también por desarrollar una carrera de largo plazo en la administración pública. En contraste, la decisión que tomó Alan García (y que ahora Castillo quiere replicar) de “rasgarse las vestiduras” al reducir y limitar los salarios para los funcionarios públicos de primer nivel ha sido una “camisa de fuerza” que motivó la fuga de talentos y complica la tarea de conseguir talento con capacidad de gestión para el Estado hasta el día de hoy. Y “sobre piedras, palos” al recordar que recientemente este discurso populista de Pedro Castillo pretenda reducir más los salarios es un incentivo potencial adicional para que la corrupción ya existente se desborde aún más.

La planilla pública está obligada a ser de alta calidad, con profesionales con sólida formación y experiencia, que pongan los intereses de largo plazo del Perú en primer lugar y que, como consecuencia de ello, estén preocupados por la predictibilidad de las políticas públicas. Para ello, no deberíamos perder continuidad: el talento debería quedarse tanto por el amor a su país como por la motivación de servirlo. O, en todo caso, la sucesión, a estas alturas, ya debería estar definida para no perder lo avanzado. No se puede rellenar el Estado de amigotes prontuariados para los negociados ya conocidos por la prensa, o que no reúnan el perfil para gestionar bien y que terminen “dinamitando” lo avanzado que tanto esfuerzo, tiempo y dinero nos ha costado.

Mucho se ha discutido sobre cuáles deberían ser los requisitos mínimos para ingresar al Congreso. El Poder Legislativo toma diariamente decisiones que, al cobrar forma de leyes, impactan sobre la economía de todos los peruanos. Y no necesariamente estas decisiones se llevan a cabo bajo criterios objetivos y profesionales. Para transformar esta realidad, se deberá tener la capacidad para atraer y elegir ciudadanos idóneos para tener congresistas ad hoc en un legislativo moderno y profesional, basando la reelección de éstos (que se debe restituir) por el éxito de su gestión. Escenario ideal: un mix de experiencia profesional, integridad y soft skills personales y formación académica de calidad.

Al igual que la reciente ley de requisitos mínimos aprobaba por insistencia del Legislativo para Ministros y Viceministros, se deberían aplicar para los Secretarios Generales, Directores y asesores, así como para los mandos del aparato público. Idénticamente, se debería aplicar para poder postular a Congresista y que estos requisitos alcancen a los candidatos que se postulen a la Presidencia de la Nación. Hoy vivimos las consecuencias de la mediocridad y la elevada corrupción por no existir filtros mínimos para estos últimos. Ojalá que este Congreso pudiera hacer algo al respecto -como por ejemplo la renovación por tercios propuesta por Adriana Tudela- y que los partidos políticos también puedan filtrar bien a los integrantes de sus listas al Parlamento, y así no tendríamos a tantos impresentables “niños” y “niñas” atornillados a sus curules y que tan solo velan por su interés personal y egoísta. Ello no nos permite avanzar como país, sino que nos hace retroceder destruyendo todo el valor que se había creado y nos llevaba en la dirección correcta.

En el Perú, algunas firmas de cazatalentos hemos realizado en reiteradas ocasiones búsquedas de directivos para instituciones públicas, pero nunca en el marco de un esfuerzo integral y estratégico de profesionalización del sector público. La urgencia de la coyuntura actual nos debe empujar a tomar las riendas de esta crisis e involucrarnos en política desde un sistema de partidos políticos liderado por una nueva ola de profesionales íntegros y competentes.