Escribe: María Julia Sáenz, socia líder de Tax & Legal de KPMG en Perú
Recientemente el Poder Ejecutivo ha solicitado facultades para legislar. En materia tributaria se busca regular la tributación de los modelos de negocios basados en la economía digital, adaptar la regulación del IGV para incluir juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia. También regular un régimen simplificado del impuesto a la renta para empresas de menor tamaño, se vuelve a poner en agenda el intento de perfeccionar el sistema tributario general en materia del IGV, Impuesto a la Renta y Selectivo al Consumo.
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En este espacio, se hace evidente la búsqueda de incorporar tecnología para poder ayudar en la liquidación tributaria y la programación de futuras revisiones; así como gravar nuevos consumos de productos que por literalidad no se gravan, como el caso de los vaporizadores electrónicos de nicotina. A su vez, se quiere regular acuerdos anticipados de precios de transferencia, modificación de métodos de valoración para operaciones realizadas en el ámbito de aplicación de precios de transferencia. Llama también la atención la intención de agilizar el cobro de la deuda tributaria y evitar actuaciones procedimentales ineficientes, con varias iniciativas procesales y sustanciales en espacios administrativos y judiciales.
Cuando por más de veinticinco años hemos venido impulsando reformas a manera de “parches”, no sorprende que cada día sea más difícil cumplir en materia tributaria, y exista tanta incertidumbre generando inseguridad jurídica. Una regulación tributaria fragmentada y con constantes modificaciones genera confusión y complejidad, tanto para los contribuyentes como para la propia administración.
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Una reforma debería ser abordada de manera integral (el sistema tributario en su conjunto) y con una mirada de largo plazo, que contemple objetivos fiscales, económicos y sociales. La reforma debería buscar simplificar la estructura tributaria (reducir el número de impuestos, eliminar exenciones y deducciones innecesarias, y unificar regímenes tributarios similares) y aumentar la transparencia (brindando información clara, accesible y actualizada sobre la regulación). A su vez, tendría que ser equitativa y progresiva, para asegurar que la carga tributaria se distribuya de manera justa entre los diferentes sectores de la economía de acuerdo con su capacidad contributiva, aplicando principios de progresividad.
Finalmente, tendría que buscar la eficiencia, reduciendo costos de cumplimiento (simplificar los procesos administrativos y tecnológicos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias) y fortaleciendo a la administración tributaria (a través de la inversión en tecnología, capacitación de personal y mejora de mecanismos de control y recaudación), bajo el irrestricto respeto a los derechos de los contribuyentes.
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Sería pertinente que una reforma de estas características sea promovida a través de la participación de los diversos actores, públicos y privados, en el diseño e implementación de la reforma, buscando consenso y construcción de acuerdos.
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