Escribe: Carlos E. Paredes, economista y docente de la U. Continental.
1. La semana pasada, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) se enfrascaron en una discusión casi surrealista. En forma contraria a la habitual, esta vez el rol populista y cortoplacista fue asumido por el ente supervisor; mientras que el rol técnico –con la mirada puesta en el largo plazo y en la sostenibilidad financiera de las empresas–, fue asumido por el ministerio. Al margen de este cambio de roles, es importante analizar qué tienen que decir estas instituciones y preguntarnos si realmente tenemos o no un problema con la gestión del agua en el Perú.
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2. Por un lado, el presidente de la Sunass nos alertó sobre posibles aumentos importantes en las tarifas del agua a causa de una regulación aún no aprobada, pero promovida por el MVCS. El titular del ente regulador parece estar opuesto al aumento de las tarifas; de hecho, señaló que las empresas de saneamiento (EPS), lejos de estar quebradas, arrojan utilidades. Puso como ejemplo a Sedapal, que supuestamente registraría utilidades por cientos de millones de soles (a pesar de no siempre tener caja para cubrir sus gastos operativos y recurrir a continuas transferencias del gobierno central o haber pedido recientemente un préstamo al Banco de la Nación para pagar sus planillas).
3. En contraposición, el MVCS viene alertando sobre la enorme y creciente brecha en infraestructura de saneamiento. Ha estimado que el valor de esta bordeará los 100,000 millones de soles en el 2030 (cifra similar a los estimados del Banco Mundial y de la CAF, pero menor a la brecha identificada en el Plan Nacional de Infraestructura del MEF). También señala que las EPS están en graves problemas financieros: el 60% de ellas ni siquiera cubre sus costos operativos y, por lo tanto, no pueden financiar las inversiones que se requieren para atender a la población usuaria.
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4. El problema es uno técnico y altamente sensible, pero el regulador optó por politizarlo y, desgraciadamente, no ha sido claro con las cifras que maneja y transmite a la población y a las EPS que regula. Tanto así que el mismo Sedapal tuvo que invocar la ley de transparencia y acceso a la información pública para lograr que la Sunass comparta su cálculo de la tarifa. Nosotros tampoco conocíamos la magnitud de la brecha tarifaria, pues el ente regulador más bien negaba que esta existiese. Sin embargo, cuando la Sunass nos alertó sobre un posible “tarifazo” e hizo pública la tarifa requerida para cubrir todos los costos de las EPS según el reglamento propuesto por el MVCS (que implica cubrir todos sus costos y tener unmargen de utilidad de 8%), terminó transparentando la enorme brecha tarifaria existente.
5. Regular sin transparencia y de espaldas a la realidad es una mala idea, pero es la práctica a la que estamos sometidos por la Sunass. Probablemente, hay un sesgo ideológico en todo esto. Si no fuera así, es difícil entender por qué el regulador busca mantener el statu quo, es decir, a las EPS con problemas financieros, a sus sindicatos empoderados y, en la práctica, en control de la gestión del agua potable, a la vez que se asegura que la inversión privada permanezca ajena al campo del saneamiento.
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6. Tanto el déficit de inversión en infraestructura de saneamiento calculado y publicado por diferentes instituciones –aunque no por la Sunass–, así como la falta de acceso a conexión directa a agua potable y desagüe de millones de peruanos, apuntan a que es necesario promover la inversión en saneamiento en el país. Esta conclusión se ve reforzada por los datos del INEI que muestran que en años recientes se registra un progresivo retroceso en el porcentaje de población con acceso a conexión directa de agua.
7. ¿Cómo aumentar la inversión en infraestructura de saneamiento? Hay varias opciones: dándole más recursos a las EPS a través de mayores tarifas, asignando un mayor porcentaje del presupuesto público a saneamiento (muy difícil en el actual contexto fiscal) y/o promoviendo la inversión privada. Probablemente, con las tarifas de agua vigentes en nuestro país –entre las más bajas de Latinoamérica–, será muy difícil que los privados quieran entrar. Nuevamente, regresamos al tema tarifario, el cual no puede convertirse en tabú. Es necesario promover la inversión, pública y privada, y para eso debemos tratar con transparencia el problema tarifario.
8. Para terminar, es importante remarcar que la problemática del saneamiento no está limitada al déficit de infraestructura y la necesidad de revisar las tarifas, sino que refleja un enorme problema de gestión. En un contexto donde el regulador no considera a la promoción de la inversión en infraestructura como un objetivo central, y en que la gestión de las EPS está enrarecida por la ausencia del análisis costo-beneficio y el predominio de los intereses de los sindicatos sobre los de los usuarios, difícilmente podremos progresar. Requerimos de una profunda reforma del sector y contar con un plan claro que contribuya a atender de manera eficiente y sostenible una necesidad básica de la población.
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