Escribe: Luis Miguel Almendariz, socio del Estudio Echecopar
El reciente incremento de la remuneración mínima vital (RMV) nos lleva a reflexionar respecto de las premisas sobre las cuales debería evaluarse, en realidad, un aumento, las consecuencias de no hacerlo atendiendo consideraciones técnicas, y las alternativas para que el impacto en la economía sea más controlado.
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Para aumentar la RMV se requiere, primero, que el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), órgano consultivo tripartito, analice y proponga criterios técnicos para el incremento. Sin embargo, no es común que se lleguen a acuerdos en esta instancia. En adelante, es imprescindible adoptar acciones para fomentar un diálogo continuo entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos para ajustar la remuneración mínima. Una muy importante es establecer premisas técnicas (factores objetivos) que sirvan de base para facilitar el dialogo entre los actores sociales.
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Aumentar la remuneración mínima sin utilizar parámetros objetivos puede tener varios efectos negativos. De un lado, podría generar un aumento de la informalidad, especialmente en las myes (que constituyen una gran parte del tejido empresarial peruano). Estas podrían optar por mantener o aumentar el número de trabajadores en situación informal o, incluso, por cerrar sus negocios. Un incremento no planificado puede resultar en despidos, situación especialmente cierta en sectores con márgenes de ganancia reducidos y respecto de puestos con bajo valor añadido. Los jóvenes son más vulnerables a perder sus empleos formales cuando se incrementa la remuneración mínima. Finalmente, aumentar los salarios sin considerar factores técnicos puede llevar a un aumento en los precios de los bienes y servicios, generando inflación.
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La productividad laboral es un factor clave, que influye directamente en cómo una remuneración mínima elevada afecta el empleo. Cuando la productividad laboral aumenta, es posible justificar incrementos a la RMV sin afectar la competitividad de las empresas. Los trabajadores productivos, que pueden justificar salarios superiores a la RMV, no se verán muy afectados con el aumento de la RMV. En cambio, aquellos con una productividad inferior, son más propensos a perder sus empleos. Mejorar la productividad laboral es fundamental, en especial en un país como el nuestro en el que la RMV está ya por encima del nivel de productividad promedio (especialmente en MYPES y en provincias). Resolver el problema de la productividad no es sencillo, pues está directamente relacionado a una mejora en la educación, la capacitación laboral, en infraestructura y tecnología. Estos cambios no se logran en el corto plazo, y requieren políticas claras y el compromiso de los actores sociales.
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Mientras tanto, es necesario pensar en alternativas que mitiguen el impacto de una RMV por encima de los niveles técnicamente óptimos.
Primero, podríamos repensar el universo de trabajadores que tienen derecho a la RMV. Actualmente los trabajadores que laboran al menos 20 horas semanales deben percibir una remuneración no menor a la mínima. Aumentar el número de horas para acceder a la RMV podría reducir los impactos negativos de tener una por encima de los niveles de productividad. La jornada máxima es de 48 horas semanales, por lo que una propuesta que podría ser analizada es exigir al menos 32 horas de trabajo semanales para tener derecho a la RMV (las dos terceras partes de la jornada máxima).
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Otra medida que merece ser revisada es la posibilidad de establecer una remuneración mínima diferenciada, por sectores económicos y por regiones. Ajustar la RMV de acuerdo con las características de cada sector económico, implica que sectores con mayores márgenes de ganancia y mejores niveles de productividad puedan tener un salario mínimo más alto, asignándose un monto menor a sectores más vulnerables. De otro lado, establecer una remuneración mínima diferenciada por regiones implica ajustar la RMV según las características económicas y sociales de cada región. Para ello se debe realizar un estudio para entender diferencias tales como el costo de vida, niveles de productividad y condiciones del mercado laboral, la inflación regional y la capacidad de las empresas locales para pagar salarios más altos sin afectar su viabilidad. En un país como el Perú estos criterios difieren mucho de una región a otra, por lo que una RMV diferenciada podría tener mucho sentido.
Los salarios mínimos diferenciados deberán ser revisados periódicamente para asegurar que sigan siendo adecuados y justos, considerando los cambios en la economía y en las condiciones del mercado laboral. Este enfoque permitiría que las RMV reflejen mejor las realidades económicas de cada región, promoviendo tanto la justicia salarial como la sostenibilidad empresarial.
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