Escribe: Omar Mariluz.
Era cuestión de tiempo. La imagen del Perú en el exterior se viene deteriorando de manera sostenida y consistente al menos desde el 2018 con la primera vacancia presidencial y se ha acelerado con este último Gobierno. Por eso, no ha sido ninguna sorpresa que Standard & Poor’s rebaje la calificación del país a “BBB-” desde “BBB” y nos ponga a un peldaño de perder el grado de inversión.
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El impacto que esto genera no es menor. Concretamente, esta degradación nos convierte en un país menos confiable y atractivo para las inversiones, pero además hace que el costo del financiamiento para el Perú y, muy probablemente, para las empresas y ciudadanos aumente en el corto y mediano plazo. Es decir, menos inversión, menos empleo, menos crecimiento y, obviamente, menos desarrollo.
Los argumentos de la calificadora de riesgo para tomar esta desición tampoco son nuevos y, de hecho, ya lo venía advirtiendo. S&P sostiene que “la incertidumbre política del país limita el crecimiento” y agrega que “un Congreso fragmentado y el limitado capital político del Gobierno pesan sobre la confianza de los inversionistas”. La muestra más clara es el desplome de la inversión privada del año pasado y que aún no termina de recuperarse.
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Y no podía ser de otra manera ante la penosa fotografía política que tenemos el día de hoy. Un Gobierno débil cuyo principal objetivo es sobrevivir y dependiente de un Congreso envalentonado, lleno de casos de corrupción, y más preocupado de aprobar leyes populistas o que favorecen a grupos informales o ilegales como los mineros que asesinan el medio ambiente, las universidades bambas, los colectiveros y un largo etcetera.
Así que para la calificadora S&P no ha sido muy dificil tomar esta decisión. Literalmente les bastó con revisar la prensa local y leer que, por ejemplo, el Congreso acababa de aprobar un séptimo retiro de fondos de pensiones sin ninguna justificación técnica que hará salir del sistema más de S/34,000 millones y sin ninguna oposición del Ministerio de Economía y Finanzas del país.
O que el Goberno de Dina Boluarte decide cambiar al presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva, luego de que este criticara al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga por tratar de sobre endeudar a la Municipalidad y, claramente, al MEF por permitirlo. Un hecho que refleja la debilidad del Ejecutivo, que cede ante las presiones de sus aliados y la politización de instituciones técnicas.
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En el Perú la coyuntura política siempre ha sido intensa y compleja, pero al menos nuestro país era reconocido por mantener una confiable estabilidad fiscal y monetaria y por nuestro sólido sistema financiera, gracias al rol profesional que han cumplido instituciones como el MEF, el Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS). Lamentablemente, esa confianza se está resquebrajando en la pata que corresponde al Gobierno.
¿El daño es irreparable? No lo creo, pero se necesitan consensos mínimos del lado de nuestra clase política para entender que si seguimos por este camino solo nos dejarán un país más empobrecido, mediocre y corrupto. El problema es que nuestras principales autoridades prefieren seguir mirando para otro lado, mientras cuidan sus pequeñas parcelas de poder y sus diminutos interéses particulares.
Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.
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