Escribe: Enrique Castillo, periodista
No ha sido ninguna sorpresa que la Comisión de Energía y Minas del Congreso haya aprobado la extensión del Reinfo, así como la reincorporación de los 50 mil excluidos disfrazada de evaluación por parte del sector. Lo realmente sorprendente hubiera sido que no se aprobara, o sería si el Pleno la rechaza (al cierre de esta edición aún no estaba en agenda su debate).
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La presencia e influencia política que tienen la minería informal que no quiere formalizarse y la ilegal es indiscutible y muy fuerte, y la actitud tolerante y hasta amable que tienen con ellos los gobernantes del Ejecutivo y del Legislativo, de todas las tendencias, es más que evidente, y pruebas hay muchas.
Este sector tan cuestionado, pero tan influyente, representa hoy un poder fáctico en el país, quizás más poderoso que la Iglesia hoy en día. (Foto:Andina)
Un botón de muestra es que, en pleno estado de emergencia, en reiteradas veces, y con todas las garantías suspendidas, estos mineros Reinfo son los únicos privilegiados que pueden movilizarse por las calles; bloquear las 24 horas una avenida principal y estratégica políticamente como la avenida Abancay y por varios días; llegar hasta las puertas del Congreso; ser atendidos por los congresistas que los cuidan, salen a verlos y a arengarlos para que continúen en su lucha; y todo esto sin ser molestados por la policía, las fuerzas militares, ni la Fiscalía.
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Obviamente todo esto no es gratuito, ni por la sola buena voluntad del Gobierno o de los congresistas.
Congraciarse y hacer todos los esfuerzos (a pesar de los disfuerzos que se esmeran en hacer cuando están frente a los medios de comunicación) para dar las leyes que satisfagan las expectativas y las demandas de los mineros informales que aman el Reinfo y los ilegales, aun cuando se trata de un sector que genera más daño que bienestar al país (contaminación, explotación laboral, malas condiciones de trabajo, mercado negro de insumos, uso ilegal de explosivos, contrabando, violencia, trata de personas, entre otros), no es por amor a la minería, o por solidaridad y empatía con los informales e ilegales y sus familias.
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Este sector tan cuestionado, pero tan influyente, representa hoy un poder fáctico en el país, quizás más poderoso que la Iglesia hoy en día. Y es que mueve una cantidad enorme de millones de dólares, controla ya algunos territorios, tiene una gran red de proveedores, da trabajo a miles de personas (no les importa en qué condiciones), y hasta controla los servicios básicos en algunas zonas del país en las que desarrolla sus actividades.
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Pero quizás lo más decisivo sea que: i) ya forma parte de lo que se denomina la clase dirigente del país, porque no son pocas las instancias de varios gobiernos regionales y locales, y de otras instituciones, que están gestionadas por personas y funcionarios relacionados con la actividad minera en ese nivel. Ni qué decir del actual Congreso, donde entran y salen como en su casa, y seguramente lo mismo ocurre en algunos ministerios; ii) la minería informal e ilegal que buscan la extensión eterna del Reinfo y afines, es el soporte financiero de actividades políticas (regulares y electorales) de algunos movimientos políticos que están o aspiran a manejar el país, sociales, de seguridad, movilización, y de varios otros sectores; y, iii) es un bolsón electoral distribuido en varias regiones, con el que ningún partido político, bancada, ni poder del Estado se quiere enfrentar ni pelear. ¿Es por temor o por una interesada benevolencia?
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Basta escuchar al primer ministro señalar que el Gobierno todavía no ha tomado una posición definida con respecto a este tema. José Jerí ha estado en el Congreso discutiendo y votando este tema en más de una oportunidad, ¿y no tiene opinión al respecto?; el primer ministro ha sido presidente del Tribunal Constitucional, es una persona que nunca ha dejado de participar, opinar y escribir en el debate político nacional, ¿y no tiene opinión sobre este asunto?; el ministro de Energía y Minas es el responsable del ente rector del sector minero que se supone debe seguir muy de cerca todo el debate sobre este asunto, hora a hora, ¿y no tiene opinión definida al respecto?
Y además, ¿es tan difícil tener una opinión ya formada sobre un tema del que se discute públicamente desde hace dos años, por lo menos, que tiene a los mineros acampando en la avenida Abancay, y que ha generado estudios, debates, estadísticas, cifras, análisis costo beneficio, campañas mediáticas, artículos, y opiniones de todo tipo?
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¿El Ejecutivo va a esperar a que se apruebe en el Pleno la ley y se la envíen para su promulgación para recién opinar, discutir, debatir y sentar posición sobre el tema? El resultado puede preverse, si el Pleno lo aprueba, así el Ejecutivo lo observe, el Parlamento lo promulgará por insistencia. Es la fórmula que ha dominado la relación del Ejecutivo con el Congreso los últimos tres años.
Es un momento ideal para que José Jerí aproveche ese 55% de aprobación para fijar y liderar una posición que beneficie al país.
